El Gobierno canario confía en que el TC avale la consulta sobre las prospecciones por ser "absolutamente legal"

Así se ha mostrado el Ejecutivo autonómico, en un comunicado, tras el recurso anunciado por el Gobierno central ante el TC que "supone la suspensión automática y cautelar del proceso" para que el Alto Tribunal dicte una resolución favorable o negativa sobre la continuidad o no de la consulta, para lo que dispone de un plazo de hasta cinco meses.

De todos modos, el Gobierno de Canarias insiste en que tanto en el marco normativo de la consulta como en la pregunta directa que se formularía a la ciudadanía "son plenamente constitucionales", al entender que se enmarca en la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana, que subrayó es "plenamente válida y eficaz y no ha sido cuestionada nunca" por el Ejecutivo central.

Asimismo, incide en que la consulta "tampoco supone un referéndum encubierto porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo, ni se gestiona por la Administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas", sino que los ciudadanos pueden expresar su opinión por medios telemáticos y no solo de forma presencial, pudiéndolo hacer de forma prolongada en el tiempo.

Respecto a la pregunta que se pretende formular señalan que "ésta tampoco acusa visos de inconstitucionalidad" porque "no recaba la opinión" de la ciudadanía sobre las prospecciones autorizadas por el Estado sino que cuestiona sobre el modelo medioambiental y turístico de las islas, "competencias propias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Canarias".

Es por ello que el Gobierno de Canarias considera que "Madrid ha tomado la decisión de que los canarios no puedan pronunciarse sobre este tema y ha buscado excusas que le den apariencia de legalidad, cuando la realidad es que es una decisión política de tintes autoritarios porque impide la participación democrática de los canarios".

Sin embargo, desde el Ejecutivo canario hacen hincapié en que "seguirán defendiendo --en lo político, social o judicial--, en cualquier caso, el derecho de los canarios a expresarse sobre un asunto de especial trascendencia" para su futuro, al poder "comprometer su actual modelo medioambiental y turístico".

"La decisión del Gobierno de España solo pretende acallar la voz de los canarios, demuestra un talante antidemocrático y no responde al interés general, sino al interés de una empresa privada", apuntilló.

ACCIONES JUDICIALES Y SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Por otra parte, recordó que el Consejo de Gobierno aprobó el 9 de octubre el inicio de acciones judiciales en contra de la Resolución del 6 de octubre por la que el secretario de Estado de Energía, a su vez, desestimó el requerimiento previo formulado por el Gobierno canario contra la Resolución de la Dirección General de Política Energética y de Minas que autorizó a Repsol la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación denominados 'Canarias1' a 'Canarias 9'.

Esta iniciativa, señalan, incluye la solicitud de la suspensión cautelar de la citada resolución. Además, añaden, que el Gobierno canario "seguirá respaldando cuantas iniciativas se presenten en los ámbitos de decisión política, especialmente ante los órganos de la Unión Europea, en contra de las prospecciones".

Por último, sobre el recurso promovido por el Gobierno central ante el TC, que conlleva la suspensión cautelar de los decretos impugnados, el Gobierno regional afirma que acatará la decisión judicial y suspenderá los procedimientos relacionados con la consulta ciudadana hasta que el TC se pronuncie definitivamente sobre la legalidad de la misma.