Gobierno recurre en el TEDH la sentencia sobre doctrina Parot porque supone liberar a "los mayores terroristas"

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anuncia que el Gobierno ha formalizado este jueves en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el recurso contra la sentencia en la que condenó a España por haber aplicado la 'doctrina Parot' a la miembro del comando Madrid de ETA Inés del Río Prada. En el recurso, se alega que su aplicación supondría la puesta en libertad "de los mayores terroristas y de los más peligrosos delincuentes comunes".

Durante la inauguración de la nueva oficina electoral del PP vasco en San Sebastián, Gallardón ha recordado que Del Río Prada estuvo condenada por pertenencia a grupo terrorista, por participar en 23 atentados consumados y en el intento de 37 asesinatos, por lo que sumaba una condena total de 3.200 años de prisión.

El recurso de apelación ha sido interpuesto, dentro del plazo de tres meses previsto, ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la resolución que dictó el pasado 10 de julio la Sección III, donde declaró que la 'doctrina Parot', recogida en una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del año 2006, había vulnerado el principio de irretroactividad de las penas.

Gallardón ha explicado que, por aplicación del código penal de 1973, vigente cuando fue juzgada la activista de ETA, "se establecieron unas condenas y, sobre las mismas, el Tribunal Supremo entendió en su momento que el cómputo de las penas a los efectos de aplicar beneficios penitenciarios, que existían antes y que ya no existen en la legislación española, debía hacerse sobre las diferentes condenas y no sobre la acumulación de todas".

"Esto es lo que fue recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y esto es lo que la sentencia, que hoy ha recurrido el Gobierno de España, estimó que se había aplicado una irretroactividad de las penas, cosa que está prohibida por el artículo 7 del convenio", ha precisado.

En su escrito, el Gobierno español alega que la Sección en esta resolución "se ha apartado de la doctrina previa dictada por el tribunal sobre la distinción entre penas y la forma de cumplimiento o ejecución de la pena".

BENEFICIOS PENITENCIARIOS

"Hasta esta sentencia, el tribunal reiteradamente había afirmado y, además, de forma unánime, que las formas de ejecución de las penas y, en concreto los beneficios penitenciarios que pudieran acortar el tiempo de cumplimiento, no formaban parte de la pena, es decir, que no estaban afectados por la irretroactividad", ha precisado el ministro.

En esa línea, ha afirmado que, en este caso además, "ni siquiera se ha producido la modificación legislativa" sino que "única y exclusivamente ha habido una doctrina jurisprudencial que ha establecido el Tribunal Supremo". "Insisto, no sobre la pena, porque la pena no fue modificada y de ninguna forma ha sido cuestionada ni siquiera por la propia recurrente, sino sobre el sistema de ejecución, es decir, sobre el computo de los beneficios penitenciarios", ha agregado.

Gallardón ha señalado que en el recurso del Ejecutivo del PP se ha destacado la "relevancia" que para la política penitenciaria del Reino de España tendría la aplicación de la 'doctrina Del Río' porque "eso supondría la puesta en libertad de los mayores terroristas y de los más peligrosos delincuentes comunes que en estos momentos se encuentran cumpliendo sus condenas en establecimientos penitenciarios".

"Éste es uno de los argumentos que utilizamos puesto que la excepcional repercusión social de una resolución de las Secciones es motivo de consideración del recurso también por parte de la Gran Sala", ha asegurado.

Finalmente, el ministro de Justicia se ha mostrado "absolutamente convencido" de que las argumentaciones del Gobierno convencerán al pleno de la Sala de que "no solamente España se ha ajustado plenamente al cumplimiento de todos y cada uno de los artículos del convenio sino que, además, llevar a término lo que ha propuesto la Sección con esta resolución hoy recurrida tendría una repercusión muy negativa para lo que significa el sistema jurídico español".