El Gobierno asturiano reordenará por ley todo el sector público, con fusiones y supresiones de entres y empresas

Lastra ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para matizar la propuesta de su partido de reducir a un sólo miembro de la Sindicatura de Cuentas. Preguntado por la respuesta del PP, que apoyará la iniciativa si se extiende a más órganos, Lastra aclaró que ya se prepara una ley que afecta a todo el sector público.

Así, recuerda que el presidente del Gobierno asturiano, Javier Fernández, en su discurso de investidura, ya aludió a una "propuesta de reordenación pública completa, que incluirá a todo el sector público". "Nada va a estar al margen de la posibilidad de ser reordenado", afirmó el portavoz socialista, "de acuerdo con la necesidad de austeridad y ahorro en el funcionamiento de la Administración".

Preguntado por el calado de este reordenamiento, Lastra se ha mostrado franco: se contemplan fusiones o asociaciones de organismos, e incluso supresiones. Ha señalado además que para esta futura ley los socialistas confían en lograr "un acuerdo" con las demás fuerzas políticas, y en este sentido ha emplazado "al resto de grupos".

En esta búsqueda de apoyos, ha contextualizado la propuesta de reordenación de la Sindicatura de Cuentas, pues el nombramiento del único síndico requeriría el acuerdo de 30 de los 45 diputados, lo que "exigirá un esfuerzo a todos los partidos".

SINDICATURA Y PROCURADORA

No obstante, sobre la demanda del PP, que incidía en actuar sobre otros organismos dependientes de la Junta General, el portavoz socialista matizó que sólo la Sindicatura de Cuentas depende del parlamento autonómico, porque el otro, la Procuraduría General, será suprimido con una ley de derogación.

"No hay ninguno más vinculado a la Junta General", señala el diputado, para matizar a continuación que lo que sí hay son organismos "en los que (la Junta) nombra o designa representantes, distribuidos por el conjunto del sector público.

EL "MAL USO" DE FORO EN LA RTPA

Ha recordado también que en su día se hizo "una concesión en la ley de presupuestos de 2011, a petición del Gobierno, para desligar una parte del sector público para actuar sobre él".

No obstante, los grupos de la oposición (entre los que en aquel momento estaba el PSOE) dieron marcha atrás a la medida "ante el mal uso del Gobierno de Foro Asturias, porque actuó donde no debía, ya que tenía autorización para actuar sobre empresas públicas, y actuó sobre una entidad pública", en referencia a la radiotelevisión autonómica.