El Gobierno británico "arrebata" a la monarquía el control de sus finanzas

El "memorándum financiero" que establece formalmente la relación entre Palacio y Gobierno impone también drásticas condiciones al empleo que puede hacer la Reina de los 38,2 millones de libras (45,8 millones de euros) que pone a su disposición el Parlamento para pagar al personal a su servicio y los palacios que ocupa.

El documento, al que ha tenido acceso el periódico gracias a la ley sobre libertad de información, da al Gobierno el derecho a la administración directa de ese dinero en el caso de que se produzca un desacuerdo entre aquél y Palacio.

Expertos constitucionalistas señalaron al diario que el Gobierno podría utilizar el memorándum para obligar a la Reina a reducir sus gastos o incluso para obligarla a depender exclusivamente de su considerable fortuna personal, heredada de sus predecesores en el trono.

Ese acuerdo es consecuencia de la creciente polémica entre el Palacio y el Gobierno sobre los costos crecientes y la gestión del dinero con el que los ciudadanos británicos subvencionan a la Familia Real.

Según el diputado laborista Paul Flynn, miembro del comité de Administración Pública de la Cámra de los Comunes, "cuanto más información tengamos sobre el subsidio público que se paga a la Reina, más confianza se generará en la institución".

"La Familia Real se inscribe en la cultura de dependencia denunciada por (el primer ministro) David Cameron cuando habla de gente que vive en un piso subvencionado toda su vida", agrega el diputado al diario.

La revelación de ese acuerdo entre la Reina y el Gobierno fue posible gracias a una orden judicial, aprobada por el Tribunal de Información, que obligó a hacer públicos centenares de cartas, correos electrónicos e informes relativos al coste creciente para el país de la Familia Real.

La correspondencia pone de relieve todo un historial de antagonismo entre el Palacio y el Gobierno sobre los subsidios públicos a isabel II y su familia.