El Gobierno catalán retira el decreto que le permitía aplazar los pagos a funcionarios

La decisión fue adoptada este martes en la reunión del Consejo Ejecutivo, y ha sido notificada a los grupos en un breve texto al que ha tenido acceso Europa Press y que argumenta que "una ligera apertura" de los mercados financieros ha aliviado los problemas financieros de la arcas catalanas.

El decreto nunca llegó a aplicarse ya que la Generalitat firmó un crédito con el Banco Sabadell para paliar sus tensiones de tesorería y que finalmente le permitió pagar la paga completa.

Todos los grupos parlamentarios, excepto CiU y PP, impugnaron el decreto ante el Consejo de Garantías Estatutarias al entender que la decisión del Gobierno catalán vulneraba los convenios colectivos y no se adecuaba ni al Estatut ni a la Constitución.

El órgano consultivo de la Generalitat admitió a trámite el recursos de los partidos el 29 de diciembre, y ahora tendrá que decidir si paraliza el dictamen sobre la legalidad del decreto o analiza igualmente el contenido.

ICV SOLICITA COMPARECENCIAS

La portavoz de ICV-EUiA en el Parlamento catalán, Dolors Camats, ha criticado que la retirada del decreto demuestra que era "ilegal", y ha considerado que esto no tendría que frenar ni el dictamen del Consejo de Garantías ni la resolución de los recursos impuestos por centenares de trabajadores públicos.

Asimismo, los ecosocialistas han registrado en el Parlamento catalán una petición para que den explicaciones ante la Cámara la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, y el portavoz del Ejecutivo, Francesc Homs.

Camats ha acusado al Gobierno catalán de "esconder" la decisión que había tomado hasta este miércoles para no interferir en el balance del primer año de gestión que hizo este martes el presidente Mas.