El Gobierno crea 282 plazas de juez para que todos tengan destino y dedicará dos a la Audiencia Nacional

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de 282 plazas de jueces para dar una solución a los miembros de la Carrera Judicial en activo que aprobaron la oposición pero no tenían un destino asignado. Entre ellas, dos plazas irán destinadas el próximo año a la sala de la Audiencia Nacional encargada de juzgar casos de corrupción, entre otros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que el 'Real decreto por el que se adecua la planta judicial a las necesidades judiciales existentes' prevé 112 plazas para magistrados de órganos colegiados, 167 para jueces de adscripción territorial y tres nuevos juzgados de lo penal. Justicia espera que estas unidades contribuyan a reforzar la lucha contra la corrupción.

La vicepresidenta ha englobado estas medidas en el "afán" del Gobierno de "fortalecer" el Estado de Derecho y fijar recursos para que la función de Administrar Justicia cuente con "mejores garantías".

"Va a contribuir a agilizar el funcionamiento y la respuesta de la Justicia", ha afirmado Santamaría, para cifrar con esta ampliación el número total de jueces en 5.361, indicar que habrá incorporaciones en la Fiscalía y confiar en que los casos de corrupción se "sancionen con todo el rigor". "No es cuestión de partidos, sino de personas", ha afirmado.

La asignación de las plazas se ha realizado en sintonía con las necesidades judiciales señaladas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los Tribunales Superiores de Justicia y con la coordinación de las comunidades autónomas. Estas nuevas plazas serán efectivas desde el 1 de enero de 2015.

En concreto, 167 plazas de adscripción territorial contribuirán a reducir la interinidad para que sean cubiertas por profesionales. Las restantes 112 se dividen de la siguiente manera: 108 pertenecen a distintas Audiencias Provinciales, dos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y otras dos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Además, se crean y constituyen tres nuevos juzgados de lo Penal, en Huesca, Palma de Mallorca y Tortosa que contribuirán a ofrecer así mecanismos de "respuesta ágil a las reclamaciones que a diario se resuelven en los Tribunales de Justicia y que más preocupación generan en la opinión pública", según ha informado Justicia.

ESPERA ACELERAR LOS JUICIOS

Gracias a la posibilidad ofrecida por la reforma operada en la LOPJ en el año 2012, las nuevas plazas en las Audiencias Provinciales (108) se podrán distribuir en secciones de cinco o más magistrados, lo que contribuirá a la celebración de más juicios, a reducir los tiempos de espera y facilitar la unificación de criterios. La creación de estas plazas fomentará, además, la promoción profesional y la movilidad dentro de la carrera judicial.

La creación de 167 plazas de juez de adscripción territorial (JAT) ofrece gran flexibilidad a la hora de cubrir ausencias y vacantes en los órganos judiciales de manera profesionalizada. Además, permitirá la colaboración con aquellos tribunales que, en un momento dado, puedan encontrarse sobrecargados o necesitados de una especial medida de refuerzo.

El Ministerio de Justicia ha informado de que el real decreto supone la "mayor creación de plazas judiciales de los últimos 25 años". "Se trata de una decisión sin precedentes cercanos. Hay que remontarse a 1989 para encontrar una creación de plazas similar, cuando se constituyeron 303 unidades judiciales, si bien la razón estuvo en el despliegue de los Juzgados de lo Penal (221 de las 303 unidades fueron Juzgados de lo Penal de nueva creación)", ha indicado.

Justicia llevará además "en fechas próximas" al Consejo de Ministros una medida similar para ampliar la plantilla orgánica de la Fiscalía, "de tal manera que se intensifiquen los mecanismos de control que garanticen una pronta respuesta ante esta lacra de la corrupción". Además, ultima los detalles del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilizará los procesos penales.