Un fiscal argentino pide que el Gobierno entregue documentación sobre el fusilamiento de Lluis Companys

El fiscal ha requerido a la magistrada que solicite al Vaticano y a los arzobispos españoles que remita toda la documentación que consta en sus archivos sobre la estancia de unos sacerdotes en la cárcel de Zamora.

Además, ha pedido que solicite la exhumación de varias personas enterradas en fosas comunes y que interese a la Generalitat de Cataluña y al Gobierno de España toda la documentación relativa a la detención y fusilamiento del líder de ERC Lluis Companys en el castillo de Montjuic en 1940 atendiendo a la solicitud de unos querellantes.

Según ha informado la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, el fiscal ha solicitado que presten declaración indagatoria los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.

EXPOLICÍAS Y GINECÓLOGO

Acusa también de torturas a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a ocho antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsosa y Atilano del Valle.

Además, solicita que se tome declaración a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo.

La juez María Servini de Cubría ya investiga al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas y al antiguo inspector Antonio González Pacheco, alias 'Billy el niño', a quienes la Audiencia Nacional rechazó extraditar.

La magistrada argentina dictó el 18 de septiembre una orden de busca y captura contra ellos tras admitir a trámite una querella por delitos de homicidio agravado, privación ilegal de libertad, torturas y sustracción de menores cometidos por la dictadura franquista desde el 18 de julio de 1936 hasta el 17 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España.