El Gobierno propone que se elimine la obligatoriedad de la licencia comercial

El proyecto de ley respetará las competencias de las comunidades autónomas sobre la autorización para establecimientos comerciales.

Según dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la nueva ley, que servirá también para reactivar la economía, tiene en cuenta las competencias de las comunidades, con "un riguroso respeto de la legislación autonómica".

El proyecto, según el Gobierno, incrementará la seguridad jurídica, reducirá costes para quienes quieran abrir un negocio y generará más empleo.

De la Vega afirmó que el proyecto responde a la directiva comunitaria de servicios para su adaptación en los estados miembros y que es "una exigencia del siglo XXI".

La nueva ley suprimirá la definición de gran establecimiento comercial y no hace referencia a los metros, sino que la autorización sólo dependerá del impacto que tenga en el medio ambiente, del entorno urbano y de la conservación del patrimonio histórico artístico.

Prohíbe también los criterios económicos que restringían la apertura de nuevos establecimientos en función de la oferta comercial, así como la intervención de los competidores en los procesos de autorización.

Asimismo, suprime la autorización previa en la venta automática, sólo con la exigencia de homologación de los modelos, y no de cada máquina, y limita la duración de las autorizaciones de la venta ambulante para garantizar la rotación de los competidores.

El proyecto prevé también que, en caso de que España pudiera ser sancionada por Europa en alguna cuestión cuyo origen esté en la legislación autonómica de comercio, que las posibles sanciones se trasladen a la comunidad autónoma que corresponda.

Según explicó el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en una nota de prensa, esta ley ha sido sucesivamente modificada desde su aprobación (hasta en siete ocasiones) con el fin de adecuar su contenido al constante proceso de globalización de la economía y a la necesidad de que la regulación en este ámbito se adapte a la realidad de los mercados.

Recuerda que la directiva del Parlamento y del Consejo Europeo relativa a los servicios en el mercado interior impone a los Estados miembros la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios.

Por ello, explica, es necesario modificar la legislación española en materia de ordenación del comercio minorista para adaptarla a las normas derivadas de la construcción del mercado interior.

El proyecto de ley, añade Industria, es coherente con el proyecto de ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, actualmente en tramitación parlamentaria.