El Gobierno pide la extradición de 15 militares salvadoreños implicados en la muerte de jesuitas españoles

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes solicitar a las autoridades de El Salvador y de Estados Unidos la extradición de 15 militares de nacionalidad salvadoreña sospechosos de haber participado en el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles y tres ciudadanos salvadoreños, en el asalto a la Universidad Centro-Americana en San Salvador, el 16 de noviembre de 1989.

A propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y a petición de la Audiencia Nacional, el Gobierno ha emitido trece solicitudes de extradición a las autoridades del país centroamericano y otras dos a las de Estados Unidos por delitos de asesinato, terrorismo y crímenes contra la humanidad.

Fue a principios de noviembre cuando el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco pidió formalmente al Ejecutivo que solicitara la entrega de los militares imputados en la investigación sobre el asesinato en 1989 del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas, cinco de las cuales eran religiosos españoles.

El magistrado no pudo realizar las declaraciones por videoconferencia ya que los dos militares que se manifestaron dispuestos a colaborar con la Justicia rechazaron finalmente esta diligencia después de que el juez no les permitiera personarse en la causa al no acudir a la citación judicial que les hizo en la Audiencia Nacional.

De los 20 militares que fueron procesados el juez tiene constancia de que el exjefe del Estado Mayor René Ponce ha fallecido, por lo que su responsabilidad penal se ha extinguido, y que dos encausados se encuentran en paradero desconocido. Además, otro se ha mostrado dispuesto a colaborar y el vigésimo se puso a disposición de la Justicia y se encuentra actualmente en libertad provisional.

ASESINATO Y CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

El magistrado ordenó en agosto y septiembre pasados la busca y captura de los 20 militares después de que ninguno de ellos acudiera a declarar a la Audiencia Nacional para que les fuera comunicado el procesamiento por ocho asesinatos terroristas y delitos de lesa humanidad o contra el derecho de gentes.

En julio pasado un abogado se personó en el Juzgado Central de Instrucción número 6 asegurando que representaba a la mayor parte de los militares procesados, aunque fue informado de que debían ser los propios encausados los que debían comparecer en el tribunal. A los 20 militares el juez les impuso una fianza individual de 3,2 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles tras el juicio.

El 7 de agosto pasado, nueve de los 20 militares se pusieron voluntariamente a disposición de la Justicia de El Salvador aunque tres días después aseguraron que se negaban a ser extraditados a España tras rechazar "categóricamente" las imputaciones que les había realizado el juez español. Ante esta situación, Velasco pidió al Ministerio de Justicia que se dirigiera al Gobierno del país centroamericano para saber si había iniciado los trámites de entrega de los militares.

Entre los procesados se encuentran el exministro de Defensa Nacional Rafael Humberto Larios; el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; el general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; el comandante Carlos Camilo Hernández y los tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.

La acción penal también se dirige contra el director de la Escuela Militar 'Capitán General Gerardo Barrios', el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden de cometer los asesinatos, y siete miembros del batallón 'Atlacatl', que los llevó a cabo: el teniente José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzálo Guevara, los cabos Óscar Mariano Amaya y Ángel Pérez Vásquez, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárpate y el soldado José Alberto Sierra.

En concreto, el Gobierno ha pedido a Estados Unidos que entregue a Inocente Orlando Montano Morales, coronel del ejército y viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, y a Héctor Ulises Cuenca Ocampo, teniente de las fuerzas armadas salvadoreñas, destacado en la Dirección Nacional de Inteligencia de El Salvador.

"DESARMADOS Y EN PIJAMA"

El auto de procesamiento detallaba que la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de "intensa polarización" entre el Gobierno militar y el ahora gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un "proceso de diálogo" y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin".

La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas, cinco de los cuales eran españoles, fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denomina 'La Tandona' y ejecutada por el coronel Benavides, que dio la orden a los miembros del batallón 'Atlacatl'.

El asalto, que se llevó a cabo después de que los servicios de inteligencia alertaran de la supuesta presencia de un centenar de "terroristas" en la Universidad Centroamericana, se produjo cuando los sacerdotes, "algunos bastante mayores", estaban "desarmados" y se encontraban en "pijama", según confesó el sargento Antonio Ramiro Ávalos, alias 'Satán', que para participar en la operación tuvo que recordarse a sí mismo que estaban actuando contra "delincuentes" y eran sus "cerebros los que importaban".

El juez Velasco no llegó a imputar al ex presidente Alfredo Cristiani a pesar de que la querella, presentada por una religiosa carmelita hermana de uno de los fallecidos, también se dirigía contra él. En su auto especificaba que los jesuitas asesinados sólo fueron "unos de los al menos 75.000 civiles desarmados que murieron en esta guerra, que fue mucho más violenta que los conflictos de Chile y Argentina", según apuntaba el juez en su resolución