El Gobierno niega haber financiado a la Policía ecuatoguineana y actuará contra el régimen cuando haya sentencia firme

Así contesta el Ejecutivo a una pregunta de la diputada de Unión, Progreso y Democracia Irene Lozano, quien le pedía que diera cuenta de la cuantía que financia el Gobierno a la Administración y la Policía de Guinea Ecuatorial y de las medidas a adoptar frente a ese blanqueo de capitales por parte de Obiang en nuestro país, a la vista de la investigación judicial internacional sobre 'Teodorín', el hijo del dictador.

ESPAÑA DESTINÓ 50 MILLONES

La parlamentaria de la formación magenta planteaba estos interrogantes después de que en octubre de 2010 diversos medios de comunicación sacaran a la luz que España destinaba unos 50 millones de dólares a la Administración de Guinea Ecuatorial, dinero que el dictador decían que utilizaba para mantener su administración civil y policial, y otros 12 millones de euros en proyectos de cooperación.

Pero también después de que se hiciera público que la Policía Judicial y el Banco de España habían descubierto operaciones de blanqueo de capitales llevadas a cabo en territorio nacional por Obiang y su entorno familiar y político.

Frente a estos hechos por los que pregunta Lozano, el Gobierno deja claro en primer lugar que "no financia" a la Policía ecuatoguineana, y explica con la Administración de ese país se llevan a cabo acciones "puntuales" de "refuerzo" institucional en sectores cuyo fortalecimiento va a redundar "en la mejora de la calidad de vida" en dicho país.

Una cooperación, recalca el Ejecutivo del PP, que "continuará siempre y cuando ello redunde en el avance de la democracia y los Derechos Humanos, así como en la mejora de las condiciones de vida de la población de Guinea Ecuatorial".

RESPETA LAS ACTUACIONES JUDICIALES

Tras mostrar su "respeto" por las actuaciones judiciales, actualmente en curso" que llevan adelante la Policía Judicial y el Banco de España sobre ese supuesto blanqueo de capitales por parte del dictador, el Gobierno se limita a subrayar que tomará las medidas "oportunas" una vez que exista una sentencia judicial.

En la batería de preguntas registradas, la diputada de UPyD también se interesaba por la privación del pasaporte por el Gobierno de Zapatero a Severo Moto, líder del principal partido de la oposición al régimen de Obiang pese a tener estatus asilado político y no poseer ninguna condena en su contra. Sobre esta cuestión, el Ejecutivo señala que tomará las medidas oportunas para hacer "eficaz" las decisiones judiciales que se adopten al respecto.