El Gobierno dispone de herramientas ante el Tribunal Contitucional y la vía penal para evitar la consulta de Mas

Mas ha anunciado este miércoles su intención de convocar esta consulta aunque el Gobierno central no lo autorice. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que la Ley de Consultas Populares de Cataluña de 2010 obliga en su artículo 13 a esta autorización.

La citada Ley, según las mismas fuentes, constituye uno de los cauces que tiene Mas para tramitar la consulta, y se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional y se mantuvo en suspenso entre febrero y marzo de 2011.

Su articulado faculta al Gobierno de la Generalitat a convocar referéndum, lo que debería hacerse mediante un decreto. Dicho decreto, de considerarse ilegal (por no contar con la autorización del Estado), es recurrible por vía contenciosa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ante el Tribunal Constitucional. En este último caso, sería la Abogacía del Estado la encargada de presentar un eventual conflicto positivo de competencias ante el alto tribunal.

OBJETIVO, LA SUSPENSIÓN

El objetivo del recurso ante el Constitucional sería el de lograr la suspensión del decreto de convocatoria del referéndum, y para ello el Gobierno dispondría de dos meses desde la publicación del decreto de Mas. La mera formulación de la impugnación conllevaría la suspensión de la disposición, según el artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

Los expertos consultados por Europa Press añaden que otra posibilidad, en el caso de que se opte por incardinar la consulta en una Ley aprobada por el Parlament, es la vía del recurso de inconstitucionalidad, que también tendría efectos suspensivos sobre la norma, a la manera en que se hizo con ocasión de la convocatoria de consulta sobre el futuro del País Vasco planteada en 2008 por el lehendakari Juan José Ibarretxe.

En junio del citado año, el Parlamento de Vitoria aprobó el proyecto de ley para convocar un referéndum sobre el futuro del País Vasco el 25 de octubre de ese año. Un mes antes, el 11 de septiembre, el pleno del Tribunal Constitucional declaró su inconstitucionalidad "y consiguiente nulidad" porque, entre otros motivos, invadía competencias exclusivas del Estado.

INHABILITACIÓN POR DESOBEDIENCIA

Además de estas vías, otras fuentes consultadas apuntan la posibilidad de que, desde la Fiscalía General del Estado, se pueda actuar contra el propio Mas como firmante del decreto de convocatoria del referéndum por un posible delito de prevaricación.

Si la consulta es finalmente organizada, la Delegación del Gobierno podría solicitar formalmente a las autoridades catalanas que la dejaran sin efecto, por no atenerse a la legalidad.

En el caso de que Mas insistiese en celebrarla, se le podría acusar de un delito de desobediencia y ser inhabilitado para el ejercicio de la política, al modo que se viene haciendo con ocasión de las consultas ilegales sobre autodeterminación que se han celebrado en varios municipios vascos, según las mismas fuentes.

En todo caso, los juristas señalan que pese a la trascendencia política que pueda tener la iniciativa de Mas, lo cierto es que existen instrumentos jurídicos de sobra para actuar en nuestro ordenamiento jurídico y que la Abogacía del Estado ya está "muy curtida" en este tipo de lides, a cuenta de lo ocurrido con el "Plan Ibarrtxe" y las actuaciones contra las consultas populares convocadas de forma ilegal en varios municipios.