El Gobierno balear aprueba un nuevo impuesto turístico

Así lo han anunciado el conseller de Turismo, Biel Barceló, y la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, donde han avanzado que esperan que la recaudación sea de entre 70 y 80 millones de euros en el año siguiente, ya que en 2016 se prevé comenzar a cobrarlo en junio.

Asimismo, el Govern se ha mostrado "tranquilo" jurídicamente con la redacción del impuesto, ante la amenaza de la Federación Hotelera de iniciar una batalla legal contra el proyecto.

El proyecto aprobado por el Consell de Govern consta de veinte artículos, distribuidos en cuatro títulos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Su tramitación parlamentaria se iniciará el próximo lunes por vía de urgencia.

El objetivo, según ha explicado Barceló, es "doble": por un lado, persigue "compensar el impacto ecológico de la actividad turística sobre el territorio" y cambiar el modelo para hacerla sostenible.

En este sentido, el impuesto será "un instrumento más, no el único para este objetivo", ha dicho el conseller, que ha asegurado que durante los últimos meses han realizado "un debate social sobre el impuesto en sí y a lo que se debe destinar", un debate que "continuará en el Parlament".

Este impuesto supondrá el cobro de una tasa diaria de entre 0,25 y 2 euros para los visitantes del archipiélago mayores de 16 años que se alojen en establecimientos reglados. Esta cuota se bonifica en un 50% para estancias en temporada baja, y también para estancias en un mismo establecimiento durante más de ocho días consecutivos.

La consellera de Hacienda ha insistido en que el impuesto tiene un carácter "finalista", y que se destinará a la mejora del desarrollo y la protección medioambiental y impulsar un modelo de turismo sostenible.

Por ello, se crea el fondo para favorecer el turismo sotenible, nutrido de la recaudación de este nuevo tributo, así como la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible, órgano en el que "deben participar las administraciones públicas y los agentes económicos y sociales".

El impuesto será aplicable a estancias por días o fracciones, independientemente de si se hace pernoctación, en hoteles, apartamentos turísticos, alojamientos de turismo rural, albergues y refugios, hostalerías y establecimientos explotados por empresas turístico-residenciales, excepto las unidades de alojamiento residencial.

También es imponible a hostales, hostales-residencia, pensiones y posadas, casas de hospedaje, campamentos de turismo y cámpings; viviendas turísticas de vacaciones, embarcaciones de crucero que hacen escala en Baleares (sin incluir salidas o llegadas con destinación final en las Islas) y establecimientos a los que la normativa autonómica otorga la calificación de turísticos.

Las viviendas objeto de comercialización turística que no cumplen los requisitos establecidos por la normativa para ser calificados como tales también están contemplados en el proyecto.

Están exentos las estancias de menores de 16 años, aquellas que se hagan por causas de fuerza mayor (por ejemplo, con motivo de una catástrofe natural), las que haga el personal de la empresa turística o los pacientes del servicio de salud y sus acompañantes y las estancias subvencionadas por programas sociales de las administraciones públicas de cualquier estado europeo.

OPOSICIÓN DE LA FEHM

El Govern se ha mostrado "tranquilo" jurídicamente con cómo está redactado el impuesto, aunque ha reconocido que en el sector empresarial varias entidades, entre ellas la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), han manifestado, "lógicamente", su punto de vista contrario.

Al respecto, Cladera ha argumentado que existen impuestos de este tipo "en la mitad de países de la Unión Europea" y que "la opinión pública es favorable".

"A nadie le gusta que le pongan un impuesto, pero los turistas que nos visitan también tienen que colaborar a preservar el territorio", ha concluido.

Sobre una posible prohibición de la ampliación de hoteles sin excepciones, el conseller de Turismo y vicepresidente, Biel Barceló, ha señalado que el decreto ley "se está negociando" pero sin idea de cerrarlo de inmediato.

Barceló, que no ha querido avanzar el resultado final de la negociación, sí ha indicado que el Govern se ha planteado "el objetivo clarísimo, dentro de este modelo económico sostenible, de quitar presión sobre el territorio y preservar el medio ambiente", como contraste con "el modelo especulativo de Bauzá".