Pese a lo que han dicho los juristas del Consejo de Estado, el Gobierno está empeñado en invalidar la investidura de Puigdemont. Así que ha llevado su recurso al Constitucional. Dice la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que el informe del consejo no es vinculante, que el Gobierno tiene argumentos suficientes y que su obligación es defender la legalidad y la democracia.
