Según ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Rafael Bosch, tras el Consejo de Gobierno, se ha llegado a este acuerdo a propuesto de la Consejería de Presidencia por el que la abogacía de la Comunidad Autónoma ejercerá la acusación particular.
Así, la abogacía ejercerá esta acusación como titular de los caudales públicos que se hayan visto afectados por los hechos que se investigan, en la causa abierta contra responsables políticos del departamento de Cultura del Consejo de Mallorca y de la Consejería de Turismo, por subvenciones a la asociación Pas el Camí, en la pasada legislatura.
