El Gobierno canario asegura que no se ha planteado modificar la pregunta de la consulta por ser "legal"

La pregunta que el Ejecutivo regional preveía hacer el 23 de noviembre en una consulta que ha sido recurrida por el Gobierno central al Tribunal Constitucional (TC) dictaba así '¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?'. En relación a ello, Marrero ha incidido en que el Gobierno canario entiende que "es totalmente constitucional".

"El Gobierno no se ha planteado modificar la pregunta porque entiende que es totalmente constitucional no solo por la Carta Magna sino porque desarrolla el Estatuto de Autonomía de Canarias, en la Ley de Participación Ciudadana. Por tanto, no tenemos necesidad de modificar algo de lo que estamos totalmente convencidos de que es legal", apostilló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Asimismo, y cuestionado sobre que previsiblemente la empresa encargada de llevar a cabo los sondeos los iniciará antes de que el TC se pronuncie, ya que dispone de un plazo de cinco meses para ello, Marrero señaló que precisamente por ello el Gobierno autónomo ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) "la suspensión --cautelar-- de las prospecciones porque los daños que puede ocasionar esas prospecciones son irreversibles y podrían producirse antes de que hubiera un pronunciamiento sobre el fondo del asunto".

INICIO DE LA ENCUESTA

Por otro lado, al ser cuestionado si ya ha comenzado la encuesta que el Gobierno canario ha encargado a las universidades del archipiélago para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la posición que el Ejecutivo regional ha adoptado sobre las prospecciones, Marrero en un principio afirmó que la "referencia" que tenía es que se habían iniciado, si bien acto seguido admitió que no tenía "constancia oficial" de que esto fuera así, tras ser cuestionado por el acuerdo con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que no se habría suscrito aún.

De todos modos, matizó que el calendario de la encuesta depende de las universidades, si bien el Gobierno canario lo que ha hecho es encomendarlas para que realicen dicho cuestionario, apuntando que lo que sí se ha pedido es que la misma tenga un grado de confianza "del 95 por ciento para que sea representativa", de ahí que se prevé hacer a casi 3.000 personas.

COMUNICACIÓN PARA DEBATIR EN EL PARLAMENTO

Por otro lado, el Ejecutivo canario ha aprobado, en Consejo de Gobierno, una comunicación para solicitar la suspensión cautelar de los sondeos para que se debata en el Parlamento autonómico.

El escrito, indicó Marrero, recoge que "nadie entendería que los tribunales se pronunciaran una vez que se hayan realizado las prospecciones o, lo que sería peor, si mientras analizan si se han cumplido las condiciones formales y materiales que la normativa exige para este tipo de actividades peligrosas se produjera algún incidente", con consecuencias apuntó que "serían irreversibles dada la naturaleza altamente contaminante y peligrosa de la actividad".

Por ello, dijo, la comunicación recuerda los "riesgos" que entrañan las prospecciones para el medioambiente y la economía de Canarias, incidiendo en la "afección a la potabilización de agua, la contaminación acústica, lumínica y química asociadas al proceso de perforación y el riesgo de una fuga descontrolada de crudo (blowout) que llegaría a todas las islas", entre otras.

Asimismo, resalta que los riesgos económicos se centran en la "afección al turismo, principal actividad de Canarias", que recibe más de 13 millones de visitantes extranjeros anuales y que el Gobierno regional considera "puede verse seriamente perjudicada, ya que las prospecciones son incompatibles" con el modelo económico que se está desarrollando basado en las condiciones naturales y la biodiversidad.

La comunicación también recuerda los frentes políticos, judiciales y sociales que el Gobierno canario mantiene abierto.