El Gobierno prohibe las bombas de racimo

Según ha informado el Gobierno en la referencia posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha recibido este viernes un informe sobre la modificación de la Ley de Prohibición de Minas Antipersonas, una reforma que persigue "incluir los nuevos compromisos adquiridos por España al adoptar la Convención sobre municiones de racimo y el Protocolo V sobre restos explosivos de guerra de la Convención sobre ciertas armas convencionales.

El Gobierno ha recordado que la Convención sobre municiones de racimo constituye, junto con la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, y la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción, "uno de los tres instrumentos internacionales de desarme que forman parte del Derecho Internacional Humanitario de los que España es Estado firmante".

Ha explicado, además, que la modificación afecta a "prácticamente" la totalidad de la Ley de 1998 porque "tiene por objetivo actualizar todo su articulado e incorporar en él referencias a las municiones de racimo y los restos explosivos de guerra, de acuerdo con las nuevas obligaciones asumidas por España al adoptar los instrumentos internacionales citados".

Antes de la entrada en vigor de la citada convención, el Gobierno español completó en 2009 la destrucción de las municiones de racimo en posesión de las Fuerzas Armadas. El anteproyecto de ley hace referencia también al "apoyo financiero" de España para programas y proyectos de ayuda humanitaria, "en el marco de campañas internacionales para la eliminación de restos de explosivos de guerra y la asistencia a las víctimas".

El Gobierno ha subrayado que España dedicará especial atención a la cooperación técnica y de formación a personal experto en técnicas de desminado y de desactivación de restos explosivos de guerra y de artefactos improvisados de países afectados, en especial en los centros especializados, entre ellos el Centro Internacional de Desminado del Ministerio de Defensa.

Los cambios en el texto legislativo afectan también al título de la ley que, a partir de su aprobación, se denominará "de prohibición total de minas antipersonal, municiones de racimo y armas de efecto similar". Otras modificaciones del proyecto sirven para "incluir las definiciones referidas a municiones de racimo, así como la prohibición total del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de estas municiones y la destrucción de sus existencias".

El anteproyecto también contempla "la retención de una cantidad mínima de municiones de racimo para el desarrollo de técnicas de detección, limpieza y destrucción" y amplía los compromisos de ayuda por parte de España a terceros países afectados por contaminación de municiones de racimo y/o restos explosivos de guerra.

Las municiones de racimo son municiones convencionales que han sido diseñadas para dispersar submuniciones explosivas, cada una de ellas de un peso inferior a 20 kilogramos.

El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, fue consejero de una de las empresas españolas que fabricaba bombas de racimo, Instalaza, una compañía que, cuando el Gobierno decidió la destrucción del arsenal de las Fuerzas Armadas, le solicitó una compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante.