El Gobierno puntúa las reformas estatutarias con un "progresa adecuadamente"

Así se ha expresado el secretario de Estado, en declaraciones a Efe, al referirse al balance de la situación autonómica cuando se llega al ecuador de la legislatura y faltan dos años para la próxima cita electoral, aunque antes, en otoño del año que viene, si no se adelantan, habrá comicios en Cataluña.

Zarrías ha recordado que cinco comunidades tienen abiertos sus procesos de reforma estatutaria -Castilla-La Mancha, Asturias, Murcia, Extremadura y Canarias- además de la ciudad autónoma de Melilla, tras cerrarse, en la anterior legislatura, las de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y Castilla y León.

De ellas, algunas se han quedado en el camino, como la de Canarias, que después de aprobarse en su Parlamento, con el respaldo de CC y PSOE y el voto en contra del PP, en su tramitación en el Congreso de los Diputados se cambiaron las alianzas y la Cámara autonómica decidió retirarlo en diciembre de 2007. Ninguna nueva propuesta ha entrado en el Congreso.

También pasa por dificultades la tramitación del de Castilla-La Mancha, donde el PSOE y el PP aprobaron un texto en las Cortes regionales en enero de 2007, que preveía reducir los trasvases del Tajo al Segura y su supresión en 2015.

La actitud de los diputados del PP de Murcia y de la Comunidad Valenciana, que se oponen rotundamente a esta posibilidad, ha enredado la negociación en la Ponencia del Congreso que estudia esta reforma.

A pesar de estas dificultades en la legislatura autonómica, para el Gobierno, se han producido importantes avances con las autonomías que sí han reformado sus Estatutos, especialmente en los traspasos -el último un acuerdo para las Cercanías ferroviarias en Cataluña- y otros se negociarán intensamente como es el caso de la gestión del Duero, en Castilla y León.

Sobre estas reformas planea la decisión que pueda tomar el Tribunal Constitucional con el Estatuto de Cataluña, ya que el resto de textos modificados tienen artículos prácticamente idénticos al catalán.

Otra gran decisión que falta por desarrollar es el nuevo modelo de financiación autonómica, apuntada en alguno de esos Estatutos para sus territorios y que es el gran "caballo de batalla" de esta legislatura, donde los presidentes autonómicos se alían más por intereses territoriales que por colores políticos.

Además, en estos dos años ha habido un descenso considerable en la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas, con 28 impugnaciones ante el Constitucional en lo que va de año, frente a los 75 casos de la legislatura anterior.

Otro dato que ha ofrecido el Gobierno es que en los años ochenta había más de 100 conflictos anuales ante el Constitucional, en los noventa más de 40 y actualmente no llegan a 20.

A juicio de Zarrías, estos datos quieren decir que el diálogo, la cooperación y la negociación entre el Estado y las comunidades autónomas está dando "buenos resultados", ya que se han podido encontrar soluciones negociadas sin necesidad de acudir al Tribunal Constitucional.

También en declaraciones a Efe y en un balance de legislatura, ya en el ámbito municipal, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, valora que en estos dos años "las aspiraciones de los ayuntamientos se han hecho más visibles" y la confianza del Gobierno se ha visto traducida en el Fondo de Inversión Local, dotado con 8.000 millones.

Castro cree que ha sido una prueba de confianza del Gobierno a la labor que pueden hacer los municipios en favor del empleo y en la lucha contra la crisis económica.

A su juicio, el anuncio de un nuevo Fondo de 5.000 millones para 2010 evidencia la apuesta por el papel de los ayuntamientos en un nuevo modelo de crecimiento económico sostenible.

Además, Castro hace hincapié en la línea ICO que facilita el pago a los proveedores y la creación de fondos para los pequeños municipios.

Apunta que el último trimestre de año, dos viejas reivindicaciones como la financiación local y las competencias municipales se podrán clarificar y materializar con la presentación en el Parlamento de leyes de reforma.

En el caso de las autonomías será mucho antes, ya que el Gobierno ha comprometido la fecha del 15 de julio como plazo máximo para la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que deberá acordar el nuevo modelo.