El Gobierno avala su reparto de subvenciones del IRPF rechazando la denuncia de Cataluña

Se trata de una Orden Ministerial de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que establece las bases reguladoras y la convocatoria de la concesión de estas subvenciones, contra la que la Generalitat había presentado un requerimiento de incompetencia al considerar que debían ser diseñadas por las comunidades autónomas.

En concreto, Cataluña pedía que se derogara la Orden Ministerial o se modificaran algunos de sus artículos para proceder a la distribución territorial entre las comunidades autónomas de las correspondientes consignaciones presupuestarias, transfiriéndoles las cuantías resultantes para que sean gestionadas por las propias autonomías.

De esta forma, el requerimiento de Cataluña cuestionaba la centralización de las subvenciones en el Estado porque al tratarse la asistencia y los servicios sociales de competencias exclusivas autonómicas considera que deben ser territorializadas a través de las comunidades autónomas.

Sin embargo, en su reunión de este viernes, el Consejo de Ministros ha rechazado las alegaciones de la Generalitat argumentando que la gestión centralizada resulta "imprescindible" para asegurar la plena efectividad de las medidas.

Además, alude a una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que, aunque se trate de competencias exclusivas de las comunidades autónomas, las subvenciones pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del Estado cuando resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional.