Gordon Brown ante otra polémica por los subsidios que disfrutan los ministros

Bajo el titular "La verdad sobre los gastos del gabinete", el periódico "The Daily Telegraph" publica hoy en portada los detalles de los subsidios que recibieron varios miembros del Gobierno, como el pago del impuesto municipal o la decoración de viviendas a cuenta del contribuyente británico.

El rotativo indica que esto pone de manifiesto que los políticos han explotado el sistema de gastos para costear su estilo de vida.

El artículo se publica en momentos en que el apoyo del electorado al Gobierno laborista de Brown cae cada vez más, a tan sólo un año de la convocatoria de elecciones generales.

Entre las revelaciones figura una factura por valor de 6.577 libras (unos 7.366 euros) pagada por Brown a su hermano Andrew por los servicios de limpieza en un piso que tiene en Londres, correspondiente al periodo entre 2004 y 2006.

Según los detalles, los hermanos compartían una asistenta para sus respectivos pisos en Londres, pero los pagos los hacía Andrew Brown y el primer ministro le abonaba a éste la parte que le correspondía por las tareas realizadas en su vivienda.

En un comunicado, la residencia oficial británica de Downing Street afirmó hoy que Brown actuó de acuerdo con las directrices que regulan los subsidios de los parlamentarios.

"En relación a los servicios de limpieza, Gordon y Andrew Brown empleaban a una limpiadora para que trabajase para los dos, la mayor parte para Gordon Brown. Los pagos los hizo directamente Andrew Brown a ella por el trabajo en ambos pisos. Gordon Brown le devolvió su parte del coste. Por supuesto que Andrew Brown no recibió ningún beneficio financiero", puntualizó la nota oficial.

El periódico se pregunta por qué el primer ministro no saldó las facturas directamente con la limpiadora.

Desde el norte de Inglaterra, donde se encontraba de visita, el jefe del Gobierno se limitó a afirmar que el actual "sistema (de ayudas a los diputados) no funciona" y "debe cambiar".

Otro de los subsidios corresponde al del ministro de Justicia, Jack Straw, quien obtuvo un cincuenta por ciento de descuento de su impuesto municipal, pero reclamó al Parlamento que se le pagase el monto total, estimado en 1.500 libras (unos 1.680 euros) al año.

El rotativo agrega que el titular de Asuntos Exteriores, David Miliband, gastó altas sumas en jardinería para la casa que tiene en su circunscripción de South Shields (noreste de Inglaterra), lo que llevó al propio jardinero a preguntarle si merecía la pena gastar tanto dinero en plantas, "teniendo en cuenta el relativo corto periodo de tiempo que usted estará allí".

La ministra para las Comunidades, Hazel Blears, gastó casi 5.000 libras (unos 5.605 euros) en muebles en pocos meses, después de comprarse un tercer piso en la capital británica.

Entre otras cosas, "The Daily Telegraph" señala que el titular de Cultura, Andy Burnham; la viceministra para Europa, Caroline Flint, y el titular para Gales, Paul Murphy, compraron pisos, pero reclamaron los gastos de escritura y de mudanza.

Resalta que las reglas sobre el sistema de gastos son poco rigurosas y difíciles de interpretar, pero el principio fundamental es que los mismos sólo pueden hacerse si están relacionados "necesaria y exclusivamente" con el trabajo del parlamentario.

Pese a todo, el "Daily Telegraph" afirma que otros diputados no reclaman tantos subsidios, como el ministro de Energía, Ed Miliband, que pidió el pago de 6.300 libras anuales (unos 7.056 euros) por el alquiler de una vivienda modesta, mientras el titular de Medio Ambiente, Hilary Benn, solicitó sólo 147 libras (unos 164 euros) en comida.

El artículo pone de manifiesto la necesidad de una reforma urgente del sistema, ante el temor de que el gasto del dinero del contribuyente no es supervisado adecuadamente.

Tras divulgarse esta información, las autoridades de la Cámara de los Comunes pidieron a la Policía Metropolitana de Londres (conocida popularmente como Scotland Yard) que investigue la filtración de los datos sobre los gastos de los diputados.

La Cámara, afirmó un portavoz oficial, considera que existen "motivos razonables para creer que se ha podido cometer un delito".