El alcalde de Granada (PP), citado este martes a declarar como imputado por supuesta prevaricación

La declaración del alcalde tendrá lugar a las 9,30 horas, y tras él declararan otros dos imputados, los promotores presuntamente implicados, concretamente, el empresario José Julián Romero, de JJ Consulting y la apoderada de Comarex-Desarrollo Mercantil, a las 10,30 y a las 11,30 horas, respectivamente, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. En el asunto también están imputados otros dos representantes de una entidad bancaria, que comparecerán el 4 de octubre próximo, y otro tercer acusado, representante de una de las promotoras, que declarará por exhorto en Madrid.

El grupo municipal del PSOE, personado como acusación popular en el caso, fue quien denunció el asunto, motivando la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado el pasado 16 de octubre de 2012.

Según consta en la denuncia, tanto JJ Consulting como Comarex Desarrollos mantenían deudas millonarias con el Ayuntamiento, en el caso del primero de 4,2 millones, y en el del segundo, de 3,9, con lo que la recaudación municipal les había embargado varias fincas. Ya el 3 de junio de 2011, el Ayuntamiento, representado por su alcalde, los promotores y otros dos representantes de una entidad bancaria, también imputados, acordaron ante notario dar por concluidos los expedientes de recaudación, levantando también los embargos.

Esta comparecencia notarial se llevó a cabo, según sostiene el PSOE, en desarrollo de un acuerdo de liquidación y pago de deuda suscrito por el Ayuntamiento de Granada y el resto de los querellados, que llevaría fecha del 20 de mayo de 2011, por el que se resolvía la aprobación al acuerdo de liquidación y pago de deuda, "con la obligación, no cumplida, de dar cuenta al pleno de la corporación municipal".

En pago de la deuda, y para poder así instrumentalizar la cancelación de embargos, que en su conjunto ascendía a la suma de 8.273.465,22 euros, el alcalde aceptó supuestamente recibir de los promotores una participación indivisa que se concretó en el 14,51 por ciento en una parcela, que una vez concluida y recibida definitiva la urbanización, se derivará del Plan Parcial PP-T1 del Plan General de Ordenación Urbana, más conocida por 'Cerrillo Maracena', donde además estaba prevista la construcción del Palacio de Hielo.

Ya el 16 de noviembre de 2011, según sostiene la acusación popular en su querella, se procedió a la firma de un documento privado por el cual los co-propietarios de la parcela, y entre ellos el Ayuntamiento de Granada, venden sus respectivas cuotas y por ello la totalidad de la misma a otra sociedad, Property Masters Europe, Spain S.L, "expresamente constituida al efecto" y "sin capital para asumir la compra", por 48,5 millones de euros. Sin embargo, como la cuota de la capital era del 14,51 por ciento, la cantidad que le correspondería no serían los 8,2 millones de euros que le adeudaban las promotoras, sino de algo más de siete millones.

Para el PSOE, esta venta de patrimonio municipal, "puramente especulativa para la compradora y para buena parte de los vendedores" se adoptó "contraviniendo la totalidad de los reglamentos, y desde luego desprotegiendo los intereses municipales", a lo que se suma que la operación fracasó, puesto que los inversores al final no procedieron a la compra.

Por todo, la acusación popular consideró "inexplicable" la operación, ya que en un principio el Ayuntamiento de Granada tenía asegurado el cobro de la deuda mediante un expediente de embargo, y pese a ello, aceptó que los promotores pagaran en un suelo cuyo uso era además comercial o terciario.

Las operaciones urbanísticas relacionadas con el Cerrillo de Maracena han motivado además otro proceso judicial, y el mes de octubre, concretamente los días 7, 8, 9, 10 y 11 de octubre el Juzgado de lo Penal 6 juzgará al que fuera concejal de Urbanismo durante el primer mandato de Torres Hurtado, Luis Gerardo García Royo (PP), al exgerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y a otras seis personas más, conocidos promotores granadinos y técnicos municipales, también por un posible delito de prevaricación.