Greenpeace pide a Anticorrupción que estudie si es delito declarar urbanizable El Algarrobico

En un comunicado, Greenpeace ha trasladado que espera que el Ministerio Público abra las correspondientes diligencias "por la comisión de posibles delitos, entre otros, el de prevaricación".

Según expone, en la misma línea que la querella criminal presentada ante el Tribunal Supremo (TS) por Salvemos Mojácar, que tras cinco años de tramitación judicial del pleito sobre "la invasión del hotel" del parque natural de Cabo de Gata-Níjar contra de lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), se trasladó el procedimiento de la Sección Primera a la Sección Tercera del TSJA "sin justificación alguna" para dictar esta nueva sentencia.

Subraya que, "precisamente", es la Sección Primera la encargada en tramitar los recursos referidos al Medio Ambiente y donde "se habían tramitado, hasta ahora, los 28 recursos contra el PORN" al tiempo que explica que no pudo recurrir el cambio de sección, lo que "vulneraría el artículo 24 de la Constitución ya que la sentencia declarando el suelo como urbano se ha emitido antes de que se agotara el plazo para recurrir".

Además del cambio de sección, Greenpeace sostiene que la sentencia hecha pública hace una semana señala como "error material" la calificación como espacio protegido del paraje de El Algarrobico en 1994 pese a que existe "reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que impide dictar una sentencia contradictoria con otra de carácter firme y con efectos de cosa juzgada, pues afecta a la seguridad jurídica".

"Con este giro escandaloso de la historia de El Algarrobico, ahora ya no será posible determinar si el suelo donde se asienta el hotel es urbanizable o no. Esto tira por la borda ocho años de lucha ecologista", ha asegurado la responsable de la campaña de Costas, Pilar Marcos, para quien los magistrados "sabían que existía ya el precedente de la sentencia firme de 2011, pues la citan reiteradamente. Sin embargo, dictan otra contradictoria, lo que provoca una inseguridad jurídica sin precedentes".

Además, la organización ecologista señala al fiscal Anticorrupción "la ventaja que puede suponer disponer de esta sentencia del 21 de marzo de 2014, de cara a la resolución del pleito sobre la licencia de obras" ya que, según advierten, "se ha facilitado el camino para declarar que el hotel se ubica en terrenos urbanizables". "El proceso de la licencia de obras, a pesar del anuncio del propio TSJA de que lo resolvería el pasado 25 de febrero de 2014, se está retrasando indebidamente", concluyen.