Griñán pide explicaciones al Gobierno por intentar "abortar" el decreto antidesahucios, implicando a la Comisión Europea

Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que se desarrolla en el Pleno del Parlamento, Griñán ha manifestado que desde que se aprobó el decreto ley de función social de la vivienda, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha tratado de abortar esta decisión, "con medios propios y ajenos", tratado de implicar incluso a la Comisión Europea, en su ofensiva contra la norma andaluza.

Sin embargo, según ha agregado, el Gobierno, después de muchas "peripecias y bastantes mentiras de culto", sólo ha conseguido una contestación de un órgano de la Comisión Europea, ni siquiera de un comisario, en la que le expone que no está en su competencias esta cuestión y utiliza frases con una clara "ambigüedad y perífrasis".

Está claro, según ha agregado Griñán, que la norma andaluza, que se está "impugnando permanentemente", no afecta a la distribución de las competencias entre la Unión Europea y los estados miembros ni a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, mientras que tampoco contraria a la legislación de la comunidad europea.

"Entonces yo me pregunto ¿qué nos hemos perdido que no sabemos?", ha indicado José Antonio Griñán, quien ha agregado que se dice, y esto "y sí que nos hace entrar en un terreno peligroso", que a lo que podría afectar el decreto es al memorándum de entendimiento acordado para el saneamiento del sector financiero. De ser así, según ha agregado, surgiría inmediatamente una cuestión que no es menor: "¿qué dice el memorándum, a qué nos obliga o qué cláusulas contiene que se han ocultado al pueblo español?".

"Lo que sí es seguro es que ese memorandum ni se llevó a las Cortes ni éstas dieron el visto bueno a un compromiso que ahora parece alterar gravemente el ordenamiento institucional del Estado", según ha expresado el presidente de la Junta.

Para Griñán, esto exige muchas explicaciones del Gobierno central y ha indicado que si se pone el dinero de todos los españoles para sanear la banca, las obligaciones que se impongan deberán ser para la banca, no para los españoles y menos aún para condicionar su soberanía.

Griñán ha lamentado que la norma haya sido fuertemente criticada por quienes siguen creyendo que la propiedad "no tiene límites ni función social que cumplir". Quienes piensan eso, según ha apuntado, se equivocan, desde el plano jurídico y desde el punto de vista político, por mucha munición propagandística que quieren aportar contra lo que ya está establecido en el artículo 33 de la Constitución y asentado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Ha indicado que los españoles hemos puesto a disposición de las entidades financieras mucho dinero para que solucionen sus errores, y, a pesar de ellos, no han encontrado todavía respuesta a sus problemas los ciudadanos que han sido víctimas de esos errores, "ni la dación en pago, ni las preferentes ni los desahucios".

Por eso, según ha agregado, el Gobierno andaluz, dentro de sus competencias, aprobó el decreto ley de función social de la vivienda, que se convalidó en el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra. Se trata, según ha apuntado, de un decreto "modesto, pero que marca una dirección" y ha expresado que no entiende cómo se puede decir que esto daña a las entidades financieras.

NUEVO PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA

Durante su intervención, Griñán también ha anunciado la aprobación de un nuevo plan andaluz de vivienda que tendrá como eje prioritario el fomento del mercado de vivienda en alquiler y la rehabilitación del parque residencial, así como el desarrollo reglamentario del decreto ley para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

Ha puesto de manifiesto la clara decisión de su Gobierno de hacer efectivo el derecho a la vivienda desde la igualdad de oportunidades.

Ha manifestado que la política de urbanismo y vivienda es imprescindible para sostener el equilibrio y garantizar la igualdad en ciudades y pueblos.

Asimismo, el presidente ha indicado que desde la declaración de ilecitud de las cláusulas suelo por el Tribunal Supremo, es muy conveniente intensificar la protección de los consumidores de productos inmobiliarios, razón por la que su Gobierno elabora una ley de defensa de las personas consumidoras en la contratación inmobiliaria.