La Guardia Civil imputa a una concejala popular de Sarria (Lugo) por un supuesto delito de estafa

La Guardia Civil imputa, en el marco de la denominada 'Operación Agra', a Patricia Castro, concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sarria (Lugo), por un supuesto delito de estafa.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado, en el mismo caso también figura como imputado el marido de la concejala, al que se le atribuyen los delitos de estafa, insolvencia punible y delito contra el patrimonio.

La investigación en este caso se inició a raíz de una denuncia interpuesta por los compradores de varias viviendas promovidas por empresas de las que supuestamente formaban parte ambos imputados en Cimo da Agra. Los compradores, según alegan, no recibieron las viviendas a pesar de haber entregado anticipos. En el marco de las pesquisas, en instituto armado detectó "irregularidades" en el proceso.

La concejala Patricia Castro ocupaba, hasta hace un mes, la cartera de Obras en el gobierno de Sarria, aunque, tras una remodelación de gobierno, pasó a ocuparse de los servicios sociales.

DEFIENDE SU INOCENCIA

La concejala sarriana, que se muestra "sorprendida" por esta información, ha defendido su inocencia en este caso, tal y como le ha trasladado al regidor de Sarria, José Antonio García López.

El alcalde ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, no tener todavía conocimiento oficial de esta imputación, al tiempo que se ha mostrado "sorprendido" tanto porque la imputación parta de la Guardia Civil como por haber tenido conocimiento de la misma a través de los medios de comunicación.

José Antonio García López, que está en contacto permanente con la concejala de su grupo, ha explicado que Patricia Castro se encuentra "tranquila" aunque "sorprendida" y le ha "reiterado su inocencia". "La compañera se considera inocente y lo va a probar", ha sentenciado.

Tras mostrar su "absoluto respeto" tanto por el funcionamiento de la justicia como por la "presunción de inocencia" de la concejala, el alcalde ha reconocido que, sobre este caso, únicamente tiene conocimiento de "una denuncia" y "un auto" judicial con un "sobreseimiento provisional" de los cargos.

Por ello, ha aplazado cualquier decisión política hasta que conozca oficialmente toda la información. "De ser el caso, se tomarían las decisiones oportunas", ha sentenciado.