La Guardia Civil ha recuperado cerca de 3.000 millones de euros con la incautación de bienes en operaciones desde 2011

La Guardia Civil ha recuperado para el Estado en torno a 3.000 millones de euros mediante la incautación de bienes en sus operaciones desde el año 2011, según ha explicado este miércoles un responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.

Según ha dicho estas cifras hacen referencia a "los datos de incidencia de las actuaciones de la Guardia Civil en el campo de resarcimiento económico del Estado". En ese sentido ha añadido que "la cantidad de patrimonio que se ha puesto en manos del Estado en los años 2010, 2011 asciende a 2.100 millones de euros".

Según ha dicho, esos son los dos últimos años de los que se tienen datos específicos, pero ha añadido que desde 2012 y 2013, aunque no hay datos totalmente especificados, "las actuaciones de la UCO han supuesto el bloqueo de más 300 inmuebles, 400 coches y más de 115 millones de euros". "Se trata de cifras generales que al convertirse en resarcimiento económico se podrían convertir en más de otros 1.000 millones de euros", ha añadido este responsable de la Guardia Civil.

En su explicación ha querido aclarar que estos datos no incluyen lo relativo a la investigación de los ERE de Andalucía puesto que aún no está cuantificado. "Contando con los ERE la cifra se dispararía", ha apostillado este mando que ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de la operación 'walkers' desplegada ayer y que ha desmantelado una organización criminal dedicada al fraude del IVA en el sector de los carburantes y que defraudaba en torno a 250.000 euros al día y el total de su actividad ascendió a 100 millones de euros.

El operativo se ha saldado con la detención de 17 personas, 11 de ellas en Barcelona, una en Gerona, 3 en Sevilla, una en Málaga y otra en Cádiz. Entre los arrestados está el alcalde de Santa Maria de Miralles (Barcelona) y director general del holding Petromiralles, Josep María Torrens (CiU) y su hermano. Al edil se le acusa de los delitos de organización criminal, delito contra la Hacienda Pública, Blanqueo de capitales y contra el mercado y los consumidores.