El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla dice que la Consejería ha cumplido su obligación según el auto y la Ley

El portavoz de IU-CA en el Ayuntamiento de Sevilla, José Manuel García, ha defendido este jueves a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dirigida por Elena Cortés (IU-CA), en su decisión de entregar diez viviendas protegidas de titularidad autonómica a las familias desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales de la capital andaluza, donde estas personas habitaban sin título alguno inmuebles propiedad de 'Ibercaja'.

En un momento en el que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha retirado provisionalmente a la Consejería de Fomento y Vivienda las competencias de adjudicación de viviendas protegidas a cuenta de este gesto, José Manuel García ha dicho a Europa Press que el departamento de Cortés ha actuado "en cumplimiento" del auto del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla que reclamaba a las fuerzas de seguridad el cumplimiento de la orden de desalojo dictada un mes antes y que trasladaba la decisión a las áreas de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y la Junta, "a fin de que provean lo necesario en caso de que se encuentren en el edificio menores y otras personas en riesgo de exclusión social".

Y es que, según García, "el auto, claramente y en definitiva, dice que las administraciones trabajen para solucionar el problema de un grupo de familias sevillanas, unas familias a las que las administraciones tienen que proveer de una solución". "La Consejería ha actuado cumpliendo con sus obligaciones y en el marco de la legalidad", ha dicho señalando que la Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía contiene medidas "excepcionales" en el caso de personas y familias en riesgo de exclusión social.

"La Consejería ha actuado con celeridad y urgencia para que estas familias no siguiesen en la calle y eso es muy positivo", ha dicho García, quien critica que el Ayuntamiento, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), "haya mirado para otro lado" pese a contar con 528 viviendas públicas "vacías", cifra que no confirma el Gobierno municipal del PP. Y es que, a su juicio, hay quien "pretendía que tras el desalojo, el problema de la Corrala se enquistase y no se arreglase", lo que le ha llevado a sospechar del hecho de que el desalojo de las viviendas ocupadas fuese consumado cuando la mesa de negociación creada para solucionar el conflicto cerraba ya "una solución".

LA CORRALA UTOPÍA

Estamos hablando del colectivo de familias que habitaba sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.

Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo. Las familias, en ese sentido, esgrimían que su reivindicación no era otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.

Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de unas ocho familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba a finales de enero un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas y en febrero reclamó ya que las fuerzas de seguridad del Estado diesen cumplimiento a dicha orden, lo que motivó que Policía Nacional consumase el pasado domingo el desalojo efectivo del bloque de viviendas.