IU-ICV-CHA pide que todos los contratos de la administración y los sueldos del personal de confianza sean transparentes

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) reclama en sus enmiendas parciales al proyecto de ley de Transparencia que se dé publicidad a todos los contratos de las administraciones públicas, así como a los sueldos no sólo de los altos cargos, sino también de su personal de confianza, es decir, de cargos de libre designación como los asesores.

En su paquete de enmiendas, al que ha tenido acceso Europa Press, este grupo defiende incluir expresamente en el ámbito de aplicación de la ley la Corona, la Casa del Rey y la Familia Real, a los partidos y federaciones de partidos, los sindicatos "de trabajadores" y asociaciones empresariales, las confesiones religiosas que reciban dinero público.

Igualmente, quiere que la futura ley afecte a todas las asociaciones, fundaciones u organizaciones que reciban fondos públicos o en cuyos patronatos u órganos rectores haya miembros de las administraciones, como es el caso de la ONCE, entre otras.

Respecto a los contratos públicos, Izquierda Plural pide que sea pública toda la información contenida en el Registro Público de Contratos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Asimismo, reclama que las obligaciones de transparencia se apliquen "a todas las instituciones por igual" y que se publicite el sueldo, no sólo de los altos cargos sino también del personal de confianza, del personal eventual de los directivos profesionales, etc, así como las auditorías y fiscalizaciones llevadas a cabo por los órganos de control interno de las administraciones, a las que quiere obligar a hacer inventario de todos sus bienes.

FORMATO ABIERTO Y AGENCIA INDEPENDIENTE

Este grupo parlamentario apuesta por facilitar lo más posible el acceso a la información pública y, para ello, entre otras cosas, propone que para ejercer ese derecho baste con dar el nombre y apellido del solicitante y no haya necesidad de especificar la motivación y que los ciudadanos puedan reclamar por incumplimiento de las obligaciones de transparencia o publicidad activa

También aboga por que establezca el silencio positivo (si la administración no contesta se entenderá estimada la petición), que se motiven las denegaciones y que la información se ofrezca en formato abierto y sin limitaciones de 'copyright', para facilitar su reutilización

Para preservar el derecho a la intimidad, aconseja aplicar un 'test de daño' a las informaciones que contengan datos especialmente protegidos por la ley de protección de datos para determinar qué derecho debe prevalecer, primando con carácter general el derecho de acceso a la información pública, que quiere se contemple como fundamental y que, por tanto, se dé a la ley carácter orgánico.

Izquierda Plural otorga a la Agencia Estatal de Transparencia el papel de promotora del derecho de acceso y de tramitadora de las reclamaciones, recalcando que ha de ser un ente plenamente independiente, cuyo presidente será elegido para un periodo de cinco años no renovables, por una mayoría de 3/5 del Congreso.

EN TRES MESES, REGLAMENTO CON SANCIONES

Por último, sugiere crear un registros de grupos de interés, a los que denomina "poderes fácticos" regular mecanismos de control y la transparencia de su actividad, así como la descripción de infracciones y su correspondiente régimen sancionador.

Estas tres formaciones no fijan un régimen de sanciones para los incumplimientos de los preceptos incluidos en la ley, pero dan al Gobierno un plazo de tres meses para aprobar un reglamento que lo incluya.