IU niega que aceptase "dinero por vía delictiva" y se desliga de las adjudicaciones del Plan 8000

Se trata de la causa que instruye la juez Mercedes Alaya a cuenta de las supuestas dádivas que habría recibido el exasesor del grupo socialista del Ayuntamiento hispalense Domingo Enrique Castaño, por adjudicar supuestamente contratos a la empresa 'Fitonovo' y sus sociedades filiales, cuando dirigía el área municipal de Vía Pública.

Entre los imputados figuran Castaño; el responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas; el exjefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores; el exconcejal del PP Joaquín Peña, quien fue destituido como director de área del Ayuntamiento hispalense a cuenta de este extremo; y el administrador único de 'Fitonovo', José Antonio González Baró.

Recientemente, la juez Mercedes Alaya prorrogaba por novena vez el secreto de sumario que pesa desde julio de 2013 sobre estas actuaciones. El diario 'El Mundo', no obstante, ha publicado una información según la cual el administrador único de 'Fitonovo', José Antonio González Baró, habría manifestado en su comparecencia judicial que antes de las elecciones municipales de 2011, cuando IU-CA cogobernaba el Ayuntamiento hispalense junto al PSOE, entregó 70.000 euros en efectivo a un dirigente de la federación de izquierdas.

Esa cantidad era la supuesta contraprestación por contratos adjudicados para la instalación de once campos de fútbol de césped artificial y cuatro contratos de podas merced al 'Plan 8.000', un fondo creado por el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

IU REACCIONA

Dado el caso, IU-CA ha emitido un comunicado en el que niega "contundente y rotundamente" los extremos de dicha información. "Nuestra fuerza política jamás ha aceptado ni aceptará ningún dinero que implique vía delictiva alguna", dice IU-CA defendiendo que la mesa de contratación constituida por el Ayuntamiento de Sevilla para adjudicar los proyectos del llamado 'Plan E' o 'Plan 8.000' no incluía a "nadie del Instituto Municipal de Deportes (IMD) --entonces dirigido por IU-CA-- y mucho menos del grupo municipal de Izquierda Unida".

La dirección del IMD, entonces encabezada por IU, "sólo conoció el nombre de la empresa adjudicataria de estos once campos de césped tras su aprobación por la mesa de contratación. Los otros 12 campos de césped artificial construidos durante el mandato de IU sí fueron licitados, baremados y adjudicados por el propio IMD. Ninguno de ellos fue adjudicado a esta empresa", aclara IU-CA, que se pone "a disposición de la justicia para que quede despejada definitivamente cualquier duda que pueda existir al respecto" y avisa de posibles acciones legales en defensa "del honor de esta fuerza política".

Por último, señala que "nos llama poderosamente la atención que en el actual contexto político aparezca una acusación tan grave contra Izquierda Unida, procedente de un sumario que está sometido a secreto y en el que IU no se encuentra personada ni tiene nada que ver, curiosamente presentándonos como 'culpables' de haber recibido un dinero (que es una parte de un todo) que dice el imputado haber repartido entre otros grupos, personas o partidos".