2016 arrancará con la Infanta Cristina en el banquillo en el juicio del 'caso Nóos'

Seis meses durante los cuales será objeto de juicio el presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos de los que se habrían apoderado tanto Urdangarin como su exsocio Diego Torres, a través de una compleja maraña de empresas ficticias con el Instituto Nóos como epicentro de la trama. La Fiscalía Anticorrupción reclama más de cien años de cárcel para catorce de los acusados, 19 y medio de ellos para el marido de la Infanta y 16 y medio para Torres.

Por su parte, la hermana del Rey Felipe VI se enfrenta a una petición de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, una solicitud que formula el sindicato Manos Limpias, única acusación del proceso que ejerce acciones penales contra Cristina de Borbón.

La entidad considera que el papel de la Infanta fue imprescindible para que su marido defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon, y que constituía una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial urdido por Urdangarin y su exsocio.

Por su parte, el Ministerio Público considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por su marido.

De hecho, durante la primera sesión de la vista -que podría prolongarse hasta el 12 de enero-, en la denominada fase de cuestiones previas la defensa de la Infanta planteará que se le aplique la llamada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias-, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido -la Agencia Tributaria no acusa a la Infanta-. La hija de don Juan Carlos deberá por tanto sentarse en el banquillo al menos durante los primeros días.

Cabe recordar que durante la instrucción de la causa se llevó a cabo una intensa investigación que, a lo largo de ocho meses, conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de la Infanta, de todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad. Ello derivó en su citación como imputada el 8 de febrero de 2014.

La vista oral prevé generar además una masiva expectación mediática: hasta 590 periodistas, técnicos y gráficos así como 84 medios de comunicación de ámbito nacional e internacional se han acreditado para dar cobertura al macrojuicio. El juicio se celebrará en una sala del edificio de la Escuela Balear de Administración Pública (Ebap), ubicada en el Polígono Son Rossinyol de Palma y cedida por el Govern ante el gran número de partes personadas.

363 TESTIGOS

Asimismo, está previsto que declaren un total de 363 testigos, entre quienes se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el exalcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, su homólogo en la Generalitat Valenciana Francisco Camps, y exaltos cargos de Zarzuela como Carlos García Revenga y Alberto Aza. También fue propuesta la comparecencia de Felipe VI por parte de Torres, si bien el tribunal encargado de juzgar la causa respondió que por Ley no está obligado a declarar.

También prevén desfilar ante la Sala 21 peritos, que deberán arrojar luz sobre el supuesto desvío de fondos y la presunta defraudación a Hacienda investigados a lo largo de estos últimos años, en unas pesquisas plasmadas en más de 80.000 folios de sumario repartidos en unos cien tomos.

Junto a la Infanta, Urdangarin y Torres, también se encuentran acusados el expresidente del Govern Jaume Matas -quien se enfrenta a una petición de once años de cárcel-, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau -también reclaman once años para él-, la mujer de Torres –dos años-, así como otros numerosos exaltos cargos de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

CALENDARIO ESTABLECIDO

De acuerdo al calendario actualmente establecido, el primero de los acusados en declarar, el 9 de febrero, será el exdirector general de Deportes del Govern balear José Luis 'Pepote' Ballester -uno de los 'arrepentidos' en este proceso-, a quien seguirán el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal, el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, el exasesor jurídico de esta entidad Miquel Àngel Bonet y Matas.

Tras ellos, está previsto que comparezcan el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro, el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela, la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, el también exdirector José Manuel Aguilar, el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, Ana María Tejeiro, mujer de Diego Torres, éste y Urdangarin.

Finalmente, y a propuesta de Manos Limpias, la lista la componen, por orden, el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, Alfonso Grau, y el abogado que habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet, y la propia Infanta, quien sería la última en declarar en caso de que se mantuviera este calendario y no se le aplicara la doctrina Botín.