La declaración del jefe de Información de los Mossos, clave para imputar rebelión a Puigdemont, Junquera y Forn

Castellví salió frustrado de una reunión tres días antes del 1-O ya que preveía violencia pero Puigdemont apeló a la "voluntad del pueblo"

El juez señala a los Mossos por diseñar el 1-O un operativo "orientado a boicotear el cumplimiento de las órdenes judiciales"

La reciente declaración ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena del que era jefe de Información de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum del 1-O, Manel Castellví, ha sido clave para imputar el delito de rebelión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y sus entonces vicepresidente Oriol Junqueras y consejero de Interior Joaquim Forn.

En el auto de procesamiento, el juez Llarena da máxima prioridad a una reunión de coordinación celebrada el 28 de septiembre, tres días antes del 1-O, entre estos tres responsables políticos y los máximos mandos de los Mossos d'Esquadra, entre ellos el mayor Josep Lluis Trapero y quien le sucedió al frente de la policía catalana tras entrar en vigor el artículo 155 de la Constitución, Ferran López.

Aunque la investigación sobre las responsabilidades de la cúpula de los Mossos pertenece a la Audiencia Nacional, el juez del Supremo incluye en sus antecedentes de hecho la reunión del 28 de septiembre donde, de acuerdo a la versión del jefe de Información de los Mossos, responsables de este Cuerpo advirtieron a Puigdemont, Junqueras y Forn que la "gran cantidad de colectivos movilizados hacían prever una ruptura respecto a situaciones pasadas y una escalada de violencia".

El juez menciona en su auto a 42 Comités de Defensa del Referéndum, estudiantes y bomberos como los causantes de la ruptura del "pacto tácito de no violencia" que había imperado hasta antes del 1-O, y las advertencias a Puigdemont, Junqueras y Forn de "brotes importantes de enfrentamiento".

"Una indicación de riesgo evaluada técnicamente y desvelada por el Cuerpo de Mossos d'Esquadra", señala el juez Llarena, que recuerda los antecedentes vividos con motivos de los registros ordenados por el Juzgado 13 de Barcelona: "Los responsables del Gobierno presentes en esa reunión conocían sobradamente los riesgos de violencia con ocasión de los hechos acontecidos el día 20-S ante la sede de la Consejería de Economía".

PUIGDEMONT: "MANDATO DEL PUEBLO"

En su declaración ante el Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press, Castellví reconoció que salió "frustrado" de la reunión del 28 de septiembre. "Fue una reunión frustrante porque lo que se nos trasladó por parte de los políticos es que había un mandato del pueblo", dice el jefe de Información de los Mossos.

En ese momento, su abogado le interrumpe y le pregunta quién en concreto apela al mandato del pueblo. "El expresidente de la Generalitat", respondió Castellví en referencia a Puigdemont. "Fue él en concreto quien lo dijo. Y de esa reunión salimos frustrados porque no nos había hecho caso, la máxima información que se trasladó no fue recogida", añadió en su declaración ante el Supremo.

El magistrado Llarena recuerda que la declaración de Castellví del 27 de febrero fue "confirmada" un día antes también ante el Supremo por los jefes de la Comisaría General Técnica de Planificación, Emili Quevedo Malo; el de la Comisaría General Superior, Juan Carlos Molinero, y el entonces jefe de la Comisaría Superior y hoy comisario jefe, Ferran López.

En el auto de imputación de los delitos de rebelión y malversación a Puigdemont, Junqueras y Forn, el juez Llarena señala que estos tres dirigentes de la Generalitat llamaron a la población a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico para el 1-O con un objetivo: que las movilizaciones en los colegios "partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado", ya que la Policía Nacional y la Guardia Civil terminaron interviniendo ante la pasividad de los Mossos.

En una larga nota al pie de página, Llarena apunta a que los tres responsables políticos mantuvieron que el referéndum "se haría pese a todo" y que, aunque Trapero y el resto de responsables policiales alegan que cumplieron con el mandato judicial de impedir el 1-O, las pruebas recabadas señalan que lo que hicieron fue "diseñar un mecanismo de actuación que impedía que un agente de los Mossos pudiera cumplir la decisión judicial de un modo real o eficaz".

"Ponían el acento", recoge el auto, "no en la decisión de la juez (Mercedes Armas, del TSJC) de cerrar los centros de votación e impedir el referéndum sino en el inciso en el que hablaba de velar porque el cumplimiento de su orden", que corregía una anterior de la Fiscalía de Cataluña, "no perjudicara la normal convivencia ciudadana".

FERRAN LÓPEZ AÚN NO SANCIONADO A MOSSOS

A partir de aquí, el juez Llarena considera que los Mossos diseñaron un operativo "orientado a boicotear el cumplimiento de la orden judicial por inacción". Destaca que en las jornadas previas al 1-O aquellos agentes que se pasaron por los colegios electorales acudían para "informar", y precisa entre paréntesis que lo que hacían era "desvelar", que ese día a las seis de la mañana acudiría una pareja policial para cerrar el centro, algo que podría ser impedido si había una aglomeración de personas.

"Las pautas de actuación previstas eran plenamente dilatorias y tolerantes con la votación", indica el juez, que sólo atribuye una acción positiva en los Mossos en que identificara a miembros de las mesas o cerrara 24 colegios, "sin indicar motivo de la no constitución o las circunstancias de su eventual actuación".

La declaración sumarial de Ferran López y otros mandos de los Mossos, según concluye Llarena, muestra además que aún "no se ha incoado expediente disciplinario a ninguno" de los agentes de la policía catalana que, de acuerdo a los 41 soportes videográficos aportados por la Guardia Civil, "aparecen desplegando comportamientos incompatibles con el acatamiento de la decisión judicial de clausurar colegios, relatando los testigos que únicamente se han incoado determinados procedimientos informativos".