Interior mantiene el veto para la pistola Táser pese a que los Mossos la empezarán a usar el próximo enero

Los Mossos d'Esquadra han anunciado que comenzarán a usar el próximo mes de enero la pistola eléctrica Táser, un elemento de defensa reivindicado por sindicatos policiales en toda España pero ante el que el Ministerio del Interior mantiene su veto, no permitiendo que se use por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Fuentes de Interior consultadas por Europa Press han informado de que el Departamento que dirige Juan Ignacio Zoido mantiene en estudio el uso de la Táser, aunque los técnicos y expertos en seguridad se decantan mayoritariamente por no hacer extensivo este elemento de defensa entre los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La cautela de Interior contrasta con el anuncio realizado por los Mossos d'Esquadra en un momento en el que el Govern de la Generalitat se mantiene intervenido en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Fuentes de la policía catalana confirmaron que, según adelantaba 'La Vanguardia', ultiman los trámites para empezar a usar las pistolas eléctricas. Prevén que la primera región policial que las implemente sea Girona.

Los sindicatos policiales son partidarios del uso de la pistola eléctrica para los agentes más expuestos a peligro. Así lo reclamaron el pasado 25 de julio, cuando miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional en la frontera de Melilla redujeron a un individuo que les amenazaba con un cuchillo. Con tal fin, le arrojaron a la cabeza una barrera de plástico para señalizar el tráfico.

La imagen se hizo viral después de que la publicara en redes sociales el Ministerio del Interior. El titular de la cartera, Juan Ignacio Zoido, se comprometió a estudiar cualquier mejora en la dotación de medios en un momento en el que se mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista ante la amenaza yihadista.

Por entonces, Zoido dijo que, como es habitual, serían los técnicos del Ministerio los que valorarían si es conveniente atender a la demanda para generalizar el uso de las pistolas Táser. "Tenemos que guardar siempre la proporcionalidad", indicó.

Los técnicos de Interior son reacios a usar el dispositivo eléctrico por su peligrosidad, ya que un mal empleo puedo conllevar graves daños físicos e incluso la muerte de la persona reducida por una descarga. Sus partidarios aseguran que la Táser no es letal y que, además, constituye una alternativa al empleo del arma de fuego reglamentaria.

134 TÁSER PARA LOS MOSSOS

Según explicaron este lunes fuentes de los Mossos d'Esquadra, las pistolas se tendrán que usar siempre junto a un dispositivo de grabación personal y un desfibrilador automático. En la actualidad, las cámaras que llevará en el pecho el policía autonómico para tener grabada su actuación están en plena licitación.

La Conselleria de Interior, intervenida por el Gobierno de Mariano Rajoy como el resto de la Generalitat desde el 28 de octubre en aplicación del artículo 155 de la Constitución, formalizó el contrato de compra el 29 de junio de 134 dispositivos conductores de energía (DCE) --el nombre técnico de la pistola--, material de simulación y 7.500 cartuchos, 2.000 de entrenamiento y 5.500 de entrenamiento y servicio.

La previsión de los Mossos es que se pongan en servicio 120 Táser de las 134 adquiridas, y el resto queden para las unidades de formación. Las llevarán los jefes de turno de las comisarías y mandos de la Brigada Móvil (Brimo), el Área de Recursos Operativos (Arro) y el Grupo Especial de Intervención (GEI). En total, unos 1.600 efectivos catalanes estarán formados para usar estos dispositivos.

Desde las organizaciones representativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que han lanzado una campaña para conseguir la equiparación salarial con policías autonómicas, se ve en el uso de la defensa eléctrica otro "agravio comparativo", en este caso en lo referente a material dotacional, puesto que no entienden que unos Cuerpos sí puedan utilizar la Táser y otros no.

La Ertzaintza dispone de la Táser desde el pasado mes de marzo, aunque la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco determina que sólo se pueden utilizar en "situaciones excepcionales y de riesgo grave". Tras la formación específica, se reguló que la pistola se empleara por las patrullas de intervención rápida de la Brigada Móvil, unos grupos que actúan en casos de "situaciones de riesgo elevado y grave para la seguridad de las personas o bienes".

FALTA DE UNA NORMATIVA COMÚN

Sobre esta cuestión se han interesado grupos parlamentarios como Compromís, que ha llevado al Congreso una propuesta basándose en informes de organizaciones como Amnistía Internacional para solicitar la prohibición de la Táser. La CUP es otro de los partidos que mantiene, en su caso en el Parlament de Cataluña, una posición más contundente contra este tipo de defensas.

El pasado 14 de septiembre, Compromís alertó de que, según sus datos, en España ya había 1.000 pistolas distribuidas entre policías locales de unos 200 municipios, principalmente en Canarias, Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana y Cataluña.

Compromís subrayaba las contradicciones por la falta de una normativa común y aludía a la negativa del Ministerio del Interior: "Asegura que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil mantienen la decisión de no adquirir defensas eléctricas para la dotación de sus unidades, en base a los riesgos que se pueden generar".

En el texto del diputado Joan Baldoví se aludía a la muerte en 2005 bajo custodia en dependencias de la Guardia Civil en Roquetas de una persona "después de ser reducida con una porra eléctrica". También se apuntaba que en Cataluña, del verano de 2015 a marzo de 2016, "la Táser se utilizó ocho veces y en todas ellas --menos en una ocasión-- las personas reducidas con este dispositivo o bien eran enfermos mentales o bien individuos que estaban bajo los efectos de las drogas".

"Los protocolos sobre la utilización de estas armas son mínimos o insuficientes y suelen obviar que no se debiera usar con colectivos vulnerables, como personas de edad avanzada o discapacitados", defendía Baldoví.