Javier Guerrero se niega a declarar ante la juez Núñez por ocho ayudas de los ERE de Andalucía

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que Guerrero ha comparecido este jueves hasta en ocho ocasiones distintas --una por cada ayuda investigada-- ante la magistrada por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y ha solicitado la suspensión de las declaraciones "en los mismos términos" planteados en su día por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Hay que recordar que el exconsejero solicitó la suspensión de su declaración del 14 de junio, a lo que accedió la juez, por una ayuda al Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla), alegando para ello que no puede ser investigado ni enjuiciado en relación a más ayudas de los ERE tras haber sido procesado junto a otros 25 ex altos cargos en la pieza separada del procedimiento específico.

En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación que ejerce la Junta de Andalucía se han opuesto a dicha petición de suspensión con los mismos argumentos que ya emplearon para oponerse a la solicitada en su día por Antonio Fernández.

Tras ello, la magistrada ha rechazado suspender las declaraciones bajo el argumento de que las de Guerrero y Fernández "son solicitudes diferentes", ya que el exconsejero "presentó alegaciones" y Guerrero no, pues "no existe petición en el mismo sentido".

El abogado de Guerrero ha hecho constar su protesta por la decisión de la juez, tras lo que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

ESCRITO

En un escrito presentado este miércoles en el Juzgado, Guerrero recuerda que la juez acordó en su día la suspensión solicitada por el exconsejero de Empleo "hasta decidir sobre el asunto" planteado y solicitó la suspensión de las comparecencias previstas para este jueves "en aras a la economía procesal y en evitación del traslado de numerosos letrados residentes en partidos distintos al de Sevilla" y "hasta tanto recaiga resolución firme sobre el fondo de la cuestión".

La magistrada citó como investigado este jueves a Guerrero por ocho ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos, como son las concedidas a los ayuntamientos de La Barca de la Florida y Chiclana de la Frontera (Cádiz), y a los consistorios de Camas y La Puebla del Río (Sevilla), así como a la Asociación de los Juegos Mediterráneos Almería 2005, Novomag, Bética Industrial y la empresa Centro Limpieza Industrial Huévar.

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández pidió a la juez que, tras ser procesado en la pieza separada del procedimiento específico, sea "apartado" de "todas y cada una de las investigaciones que sobre ayudas sociolaborales o directas a empresas se acordó desarrollar y están iniciadas", así como que no sea incluido en ninguna de las nuevas piezas o diligencias que en el futuro pudieran incoarse.

A juicio del letrado, Antonio Fernández, "como aquellas personas en su misma situación, no puede ser investigado ni puede ser enjuiciado más que una sola vez por hechos que presentan una obvia identidad de objeto y fundamento".

El abogado considera que "la lógica" de la división en piezas del caso ERE acordada en julio de 2015 por la juez Núñez "pasaba por examinar separadamente, de un lado y en primer lugar, el procedimiento específico y, de otro, las consecuencias dispositivas del mismo", pero opina que el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo "tiene como uno de sus primordiales efectos el de vaciar de contenido y dejar sin efecto aquella proyectada división".

Y es que, según expone, el auto del juez Álvaro Martín "deja definitivamente delimitado desde la perspectiva objetiva dicho procedimiento en términos de alejarse de aquella delimitación tal y como fue inicialmente concebida", pues pasa de investigar un presunto delito de prevaricación a indagar también una malversación de caudales públicos.

De este modo, el auto de 31 de mayo "desborda netamente" aquella delimitación que se ceñía a la "eventual naturaleza prevaricadora" del procedimiento específico al incluir en su objeto "los hechos conectados a la aceptación de las consecuencias de ese procedimiento, es decir, los hechos relacionados con la disposición de fondos públicos".

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL

Al hilo de ello, el abogado del exconsejero recuerda el principio de legalidad penal recogido en la Constitución Española y por el que "se designa la prohibición de sancionar más de una vez un mismo hecho ilícito".

Estos son los argumentos que, de forma verbal, expuso el letrado el pasado 14 de junio para pedir la suspensión de la declaración de su patrocinado por la ayuda de 30.050,71 euros que concedió en 2003 la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social al Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) para la II Feria de Muestras y Artesanías.

En esa comparecencia, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el resto de acusaciones se opusieron a la petición de suspensión de la declaración, no obstante lo cual la juez accedió a suspenderla para responder por escrito al planteamiento del letrado.