Jordi Pujol Ferrusola recurre la prisión alegando que en 5 años no se ha probado corrupción

Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, ha defendido en un recurso ante la Audiencia Nacional que en cinco años de investigación policial no se ha hallado "el más mínimo atisbo probatorio" de corrupción.

En un recurso de reforma contra la prisión preventiva acordada el 25 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados de Pujol Ferrusola afirman que "la profusa y exhaustiva investigación durante cinco años no ha permitido identificar, por inexistentes, a qué concreta licitación, concurso o adjudicación pueda referirse" cuando se cita en los informes policiales que ingresos proceden de comisiones ilícitas.

Destacan que la prisión provisional requiere una conducta que presente indicios racionales de criminalidad, y, al no haber según él indicios de un delito contra la administración pública, el delito de blanqueo --sobre el que pivota este caso-- "se desvanece, y en consecuencia la viabilidad procesal de acordar una prisión preventiva".

Aseguran que los sucesivos informes policiales repiten como un mantra que los ingresos provienen de comisiones ilícitas o de la comisión de delitos entroncados con la corrupción: "Estas afirmaciones se repiten como un latiguillo, mas no por repetirse resultan procesalmente aprovechables.

"El juzgado al que el honor tengo en dirigirme no puede ser refugio de la sospecha policial sin fundamento", insisten los letrados, además de resaltar que privar de libertad provisionalmente debe venir revestido de robustas exigencias probatorias.

Por eso, piden que se acuerde libertad provisional, manteniendo las medidas cautelares ya acordadas como prohibición de salida de España y comparecencias periódicas, y proponen añadir la medida de prohibición de acercamiento y comunicación con quien el juzgado considere relevante para la investigación.

DESCAPITALIZACIÓN

El hijo mayor del expresidente asegura que los movimientos económicos que ha realizado --que el juez José de la Mata considera una estrategia para sacar capitales de España, en torno a los 30 millones de euros-- están hechos antes del procedimiento o antes del bloqueo de cuentas, y que en ningún caso son operaciones de descapitalización.

La defensa asegura en el escrito que ninguna de las operaciones tienen como objetivo evitar la satisfacción de una posible responsabilidad civil en el proceso, y recuerda que el juzgado ya tiene bloqueados activos por un importe superior a los 22 millones de euros.

Defiende que la operación de venta de participaciones de Terminal Puerto Rosario propiedad de Inter Rosario Port Services SA a Vicentín Saic han supuesto ingresos en la cuenta bloqueada judicialmente por 1,6 millones de euros y que la exesposa Mercè Gironés repatrió 1,4 millones de una cuenta en Miami, lo que demuestra su "impecable sujeción al proceso y a sus efectos patrimoniales provisorios".

En el recurso, los abogados niegan que en varias operaciones hubiera voluntad de descapitalización ni que se hiciera incumpliendo mandatos judiciales, ya que se hicieron antes de que se bloquearan cuentas y se ordenaran embargos el 28 de octubre de 2015.

Entre ellas, citan la compra de acciones a la sociedad Plantaciones de Tehauntepec, un préstamo de medio millón de euros a Francis Gendre, movimientos económicos de sociedades como Brantridge Establishment, Brantridge Holdings Ltd. y Brandtridge Stage Inc., dirigidas por el británico Herbert Towning.

Respecto a la donación a su hija de 585.000 euros para la compra de un inmueble en la calle Ganduxer de Barcelona, propiedad de Imisa, niegan que sea una operación ficticia y alegan que se hizo de esta forma "por elementales y rudimentarias razones fiscales" para pagar menos impuestos por la operación.

Asimismo, defienden que en ningún caso Jordi Pujol hijo mintió afirmando que no tenía cuentas en Andorra, sino que se negó a hablar de ellas porque había procedimientos abiertos en este país que por prudencia procesal, aconsejaban no declarar en España: "El uso del derecho constitucional no es equiparable a maniobras de ocultación".