Los comisarios José Villarejo y Carlos Salamanca ingresan en la prisión de Estremera

La magistrada les imputa los delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales por su implicación en una trama con la que presuntamente se habrían lucrado con servicios especializados de inteligencia y facilitado la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español.

En el marco de esta investigación de la unidad de Asuntos Internos y de la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional autorizó el viernes a primera hora la detención de Villarejo y de otras seis personas, a las que se tomó declaración el domingo por la tarde-noche.

Villarejo y Salamanca compartirán la misma prisión que el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y otros cinco exconsellers de Carles Puigdemont, después de que el jueves la juez Lamela ordenara su encarcelación por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Otras dos exconsellers se encuentran en el centro de mujeres de Alcalá Meco.

Inaugurada el 15 de julio de 2008, Estremera es uno de los centros penitenciarios más modernos de Europa. Madrid VII tiene una superficie de 365.730 metros cuadrados y contiene doce módulos residenciales y cuatro polivalentes, con 1.008 celdas en total. Además cuenta con un módulo de régimen cerrado con 70 celdas, un módulo de ingresos, salidas y tránsitos con 72 celdas y un módulo de enfermería con 64 camas.

Alberga un edificio de comunicaciones con 41 locutorios, 22 salas para visitas de familiares y otras 22 para vis a vis íntimo. Una zona deportivo-cultural, que incluye piscina, talleres productivos y formativos y un edifico de enfermería son otros de los recursos con los que cuenta la edificación.

QUEJA DE LA DEFENSA DE VILLAREJO

La defensa del comisario jubilado José Villarejo ha denunciado este lunes que se han detectado "indicios de nulidad" en los registros practicados por los agentes de la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en el chalet que posee en Boadilla del Monte (Madrid), según han informado a Europa Press fuentes de la defensa.

Los abogados del comisario consideran que la prisión incondicional decretada ayer por la noche por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela es "injusta y desproporcionada". La juez acordó esta medida tanto para él como para su socio Rafael Redondo y el actual comisario jefe contra las redes de inmigración ilegal Carlos Salamanca.

A Salamanca, ex responsable de Barajas y actualmente comisario jefe de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación (UCRIF), la juez le atribuye también indiciariamente un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La operación Tándem se basa en informes supuestamente fraudulentos como el que realizaron Villarejo y Salamanca por encargo de un alto cargo de Guinea Ecuatorial sobre uno de los hijos del presidente Teodoro Obiang, supuestamente para desacreditarlo. Fuentes jurídicas han precisado que en los registros se incautaron de "importantes sumas de dinero", sin precisar la cantidad. La causa está declarada secreto.

Además de estos tres investigados, los agentes detuvieron el pasado viernes a la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, un hijo de Villarejo, otro de Salamanca y una séptima persona. Estos cuatro quedaron en libertad tras prestar declaración. La única medida cautelar fue la retirada del pasaporte a la mujer de Villarejo.

CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

La operación, bautizada como Tándem, fue iniciada por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y tiene como objetivo el desmantelamiento de una organización criminal cuyo principal objetivo es la "reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios".

Según Anticorrupción, los detenidos se prevalecían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, "especialmente sensibles para la seguridad nacional", con la intención de recibir "elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio nacional.

El pasado viernes el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, refuerzo de Manuel García Castellón, ordenó que se llevaran a cabo hasta seis detenciones en auxilio del Juzgado Central de instrucción número 3, del que es titular Lamela. También autorizó más de una docena de registros en domicilios y sedes de empresas en las provincias de Madrid, Málaga y Valencia.