JpD y FJI dicen a Gallardón que la forma de agilizar los procedimientos no es poner más jueces de instrucción

Las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) han señalado este viernes que la forma de agilizar los procedimientos judiciales no es aumentar el número de jueces que instruyen determinados casos, sino que es necesario poner a los peritos bajo su dirección y solucionar la falta de medios en los juzgados.

En cambio, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha aplaudido el cambio que pretende hacer el Gobierno en este sentido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que un tribunal formado por tres magistrados investigue todos los asuntos de la Audiencia Nacional y los macroprocesos instruidos en el resto de España.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha indicado que "no ha habido problemas de retraso" en los procedimientos relativos a casos de corrupción por la actuación del juez, sino más bien "por falta de medios", algo que se solventa "con una inversión suficiente".

RIESGOS PARA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

En cualquier caso, ha dicho que lo "preocupante" es que se pueda vulnerar el principio del juez predeterminado por la ley eligiendo a los jueces que van a llevar determinados casos que puedan resultar "incómodos".

Así, ha advertido de que si se permite la asignación en la cúpula judicial de cargos nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "un órgano con vinculaciones políticas", para que estos puedan decidir sobre los asuntos que va a llevar cada juez, se generarán "riesgos indudables para la independencia judicial".

Según el presidente de Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, para acelerar los procedimientos "no basta simplemente con que haya más jueces realizando la instrucción", sino que se consigue poniendo a los peritos de la Agencia Tributaria, los inspectores de trabajo o los peritos contables bajo las órdenes "directas" de los jueces.

También ayudaría, a su entender, restringir la posibilidad de presentar recursos durante la fase de instrucción, porque a veces la investigación se alarga debido a un uso "hipergarantista" de los mismos, y mejorar la cooperación jurídica en el marco de la Unión Europea y con paraísos fiscales en lo referente a las comisiones rogatorias.

Para el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, "tan independientes son tres jueces como uno", pero el hecho de que la decisión sea colegiada "aporta una mayor solidez y confianza" de cara a la opinión pública y, por tanto, "una mayor credibilidad de sus pronunciamientos y resoluciones".

AFORAMIENTO

En cuanto a la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que la Reina y los Príncipes de Asturias sean aforados ante el Tribunal Supremo, de manera que este tribunal tramitase su causa en el caso de que fuesen imputados por algún delito, el portavoz de JpD cree que en España "ya hay un número desproporcionado de personas con foro" y "no tiene sentido" aumentarlo, menos aún en un momento en el que se está investigando a la Infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarin.

Además, ha argumentado que el aforamiento es una medida anticuada y no debería seguir existiendo en un país con un Estado de Derecho "consolidado" y donde los tribunales son independientes y, por lo tanto, uno ordinario puede juzgar a "cualquier miembro de la Casa Real".

En la misma línea, el presidente de FJI ha afirmado que "establecer tribunales independientes en función de la calidad de las personas va en contra del principio de igualdad", así que "tiene que haber menos aforamiento, no más". Asimismo, ha ironizado con la "casualidad" que le parece que Ruiz-Gallardón se plantee un cambio en esta cuestión tras la imputación de la hija del Rey.

Sin embargo, el presidente de la APM ha calificado de "absolutamente acertada" la decisión relativa a la Reina y los Príncipes de Asturias porque representan a una institución "de alto valor para la nación" y por ello los pronunciamientos judiciales que les afecten deben ser "sólidos" y "sin ninguna posibilidad de modificación ulterior". Además, ha apoyado que se vaya a reducir el aforamiento en determinados cargos públicos porque era algo que estaban "reclamando" los ciudadanos.

En general, Llarena ha elogiado las propuestas del ministro para la reforma de la LOPJ porque recoge "grandes ideas que eran necesarias para un mejor funcionamiento de la Justicia" y aborda una reforma estructural "necesaria", mencionando concretamente la creación de los tribunales de instancia y la posibilidad de que el Supremo unifique criterios para todos los tribunales de España.

GALLARDÓN PRETENDE SILENCIAR A LAS ASOCIACIONES

Bosch, en cambio, ha sido muy crítico con el anteproyecto, sobre todo con la idea de impedir que los jueces y sus asociaciones opinen sobre procedimientos en curso, sobre sentencias ya dictadas o sobre decisiones públicas del Gobierno, porque entiende que se pretende "silenciar" voces críticas que simplemente están defendiendo "intereses profesionales". "Son restricciones inaceptables al derecho de asociación y la libertad de expresión" que "serían inconstitucionales", ha subrayado.

Igualmente, ha censurado lo que considera un intento por parte del ministro de "militarizar" la judicatura al pretender establecer "un régimen muy piramidal y jerarquizado en el que hay un control desde arriba con vinculaciones con el poder político".