JpD ve "inverosímil" que los registradores asuman el Registro Civil sin "importantes contraprestaciones económicas"

Jueces para la Democracia (JpD) ha exigido al Ministerio de Justicia que aclare cuáles son las prestaciones por las que los ciudadanos tendrán que pagar si definitivamente el Registro Civil pasa a manos de los registradores pues, a su juicio, resulta "inverosímil" que este Cuerpo asuma su "gestión privada" sin "importantes contraprestacioens económicas".

El portavoz de JpD, Joaquim Bosch, ha recordado que este servicio público es en la actualidad gratuito y pone en duda que sus prestaciones lo sigan siendo si el Cuerpo de Registradores se ocupa de su gestión, como ha garantizado el Ministerio. Justicia afirma que no ha tomado una decisión definitiva sobre si serán los registradores o los secretarios judiciales los encargados de la gestión.

A su entender, es contradictorio que los impuestos de los ciudadanos hayan servido para invertir 128 millones de euros en su modernización, informatización y digitalización y que ahora el Gobierno "aproveche" esta mejora para asignarla a la "gestión privada, con efectos lucrativos para sus gestores". "Todo ello implicará un gravamen económico para la ciudadanía y solo reportará beneficios a un determinado colectivo profesional", ha remachado.

CAMBIO INJUSTIFICADO EN FAVOR DE UN COLECTIVO PRÓXIMO

Considera incomprensible que la Ley de Registro Civil aprobada en 2011 con el consenso de las fuerzas políticas para que siga siendo un servicio público y que entrará en vigor el próximo julio, se quiera modificar de "manera injustificada" para "privatizarlo".

"Ello nos llevará a un sistema sin equivalentes en el ámbito europeo. Se beneficiará el negocio privado de un colectivo profesional hacia el cual el poder político ha demostrado su proximidad en perjuicio de los intereses generales del conjunto de la sociedad", ha añadido Bosch.

El portavoz de JpD también ha advertido del "peligro" que tendrá para la privacidad de las personas que sus datos personales más relevantes, desde inscripciones de nacimiento a defunción, dejen de estar bajo el control de la Administración pública.