Jueces para la Democracia rechaza la ley de Gallardón que permite tramitar matrimonios y divorcios ante notario

La asociación judicial Jueces para la Democracia (JpD) ha mostrado su rechazo al proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria que, entre otras cosas, recoge la posibilidad de que los matrimonios se puedan celebrar ante notario y que los ciudadanos puedan acudir a éste en casos de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.

Para la asociación, "no resulta justificado que se puedan tramitar matrimonios y divorcios ante notario, previo pago de aranceles". De hecho, considera que el texto, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y remitido al Parlamento, es "un paso más en la privatización de la Justicia".

En caso de que la norma entre en vigor, los enlaces matrimoniales podrán celebrarse ante notario además de por la Iglesia, en los Ayuntamientos y los registros civiles. Asimismo, los ciudadanos tendrán la posibilidad de ir al notario --y no sólo a los juzgados-- en casos de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo cuando no haya hijos menores de edad ni personas incapaces.

Jueces para la Democracia también se muestra contrario a que el proyecto de ley "traslade la competencia de los juzgados a las oficinas notariales" para realizar los expedientes sobre declaración de herederos cuando no haya testamento y la protocolización de los testamentos manuscritos o los otorgados verbalmente.

MENORES GARANTÍAS PARA LOS CIUDADANOS

Según ha denunciado Jueces para la Democracia en un comunicado, con esta iniciativa el colectivo profesional que sale beneficiado es el Notariado y no el conjunto de la población: "Nuevamente nos encontramos con una perspectiva de desmantelamiento de nuestras instituciones públicas que no está motivada por ninguna mejora para la sociedad y que cuenta con beneficiarios muy concretos", señala.

Asimismo, la asociación sostiene que los nuevos trámites notariales "se realizarán con menores garantías para la ciudadanía que los existentes actualmente en los procedimientos judiciales". Además, destaca que los ciudadanos tendrán que pagar por unas acciones "se llevan a cabo en el marco del servicio público" y "ahora" se pretenden privatizar.

"En los supuestos opcionales nos encontraremos a una Justicia a dos velocidades: una rápida para quienes puedan pagársela y otra cada vez más lenta para la mayoría de la sociedad, a causa de los recortes que sigue aplicando el Gobierno en la administración de justicia", recalca.