Los jueces presentan una demanda por la "grave" sobrecarga de trabajo

El portavoz de la asociación, Joaquim Bosch, ha advertido a las puertas de la Audiencia Nacional de que el colapso y la falta de medios de los juzgados afecta a causas complejas como los sumarios sobre corrupción. "Las tramas corruptas disponen de más medios para eludir la acción de la Justicia y esto no es aceptable", ha añadido.

En este sentido, ha defendido el "firme compromiso" de los jueces en la lucha contra la corrupción aunque se ha quejado de la escasa inversión del Gobierno para que puedan desarrollar su trabajo. Tampoco es admisible, a su juicio, que más de 14.000 millones de euros estén retenidos en los juzgados y no puedan contribuir a dinamizar la economía

Jueces para la Democracia ha presentado esta demanda sin precedentes ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que incluye como partes interesadas al resto de asociaciones judiciales, para denunciar que más de la mitad de los juzgados sobrepasan en un 150% la carga de trabajo que fue fijada por el CGPJ y recuerda el caso del juez de lo Social de Madrid Ángel Luis del Olmo, que falleció en julio de 2013 en su despacho como consecuencia de un infarto.

Jueces para la Democracia denunció entonces en la Inspección de Trabajo que Del Olmo falleció en su lugar de trabajo en julio de 2013 afectado por una carga de trabajo del 206% en relación con los módulos fijados por el CGPJ, el día de su fallecimiento tenían señalados 19 juicios y solía permanecer en el despacho hasta las 10 de la noche.

La asociación considera que "es momento de pasar del talante a los hechos" y recuerda en su demanda que desde el 'Convenio de Creación y Seguimiento de un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y de Vigilancia de la Salud de los miembros de la Carrera Judicial' suscrito entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia en diciembre de 2010 no se ha contratado un servicio para esta área ni se han evaluado los riesgos para la seguridad y salud de la Carrera Judicial.

Apunta que el CGPJ aprobó un reglamento en 2011 que garantiza el derecho de los jueces a contar con una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de sus funciones y añade que el Ministerio de Justicia es titular junto a las comunidades autónomas de los centros de trabajo y medios materiales, así como del abono de las retribuciones de los magistrados.

A pesar del transcurso de los años, la asociación lamenta que el Ministerio de Justicia y el CGPJ han "incumplido" sus obligaciones y el colectivo judicial como empleados públicos están en la "más absoluta desprotección". Por ello, solicita que se declare la obligación de ambos órganos de acometer dichas actuaciones y adoptar medidas de protección adecuadas a los módulos de productividad aprobados en enero de 2013.