Juez Núñez pide al Gobierno información sobre fiscalización de ayudas para prejubilaciones entre 2001 y 2011

En el citado informe de 18 de septiembre, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social reconoce, entre otras cuestiones, que no realizó ningún concurso público para las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011, que se otorgaron por el régimen de "concesión directa". En este sentido, el director general de Empleo, Javier Thibault, aporta en el informe un listado de 220 ayudas concedidas en ese periodo, donde precisa las empresas que recibieron las mismas, la aseguradora, el tomador de la póliza, el organismo que efectúa el ingreso y el importe en euros de cada una de las ayudas, que oscilan entre 13.760,49 euros y 22,2 millones y que suman unos 300 millones en total.

No obstante, "no se aporta ninguna documentación relativa a concursos públicos de adjudicación de ayudas al no haberse celebrado ninguno en el periodo citado", apunta el director general de Empleo.

De este modo, Thibault informa a la juez de que la concesión de ayudas extraordinarias entre 2001 y 2011 se realizó en los supuestos y condiciones que se establecen en la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995, cuyo artículo tercero "establecía que las ayudas podían ser solicitadas conjuntamente por la empresa y los representantes de los trabajadores, o directamente por éstos últimos, acompañando una memoria explicativa en la que constasen los motivos por los que se solicitaba, la cobertura solicitada y el coste económico individualizado".

El director general de Empleo señala que, "a la vista de los motivos alegados y de la documentación acreditativa aportada, la Dirección General de Trabajo resolvía directamente sobre la concesión de las ayudas, condicionada a la disponibilidad presupuestaria existente". Al hilo de ello, precisa que la Orden Ministerial de 1995 "no contemplaba, en cambio, la realización de concurso público alguno para la concesión de dichas ayudas", razón por la que la entonces Dirección General de Trabajo "tramitó todas estas solicitudes por el régimen de concesión directa".

Una forma de proceder que, según añade, "sucede en la actualidad" tras la aprobación del Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

La juez reclamó esta documentación al Gobierno tras la petición realizada a tal efecto por la defensa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín en el marco de la pieza separada por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva, donde están siendo investigadas 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003 --la ex secretaria general de Empleo y a la ex directora general de Trabajo, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente-- y los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.

Ahora, a petición del Ministerio Fiscal, la juez Núñez, en una providencia con fecha de 11 de enero de 2018 y a la que ha tenido acceso Europa Press, libra oficio a la Dirección General de Empleo del Ministerio para que amplíe el informe de 18 de septiembre y señale si en todos los expedientes recogidos en ese informe "necesariamente debía de constar solicitud conjunta de la empresa y de los representantes de los trabajadores, o directamente por éstos últimos; si en ellos recayó resolución expresa de concesión de las ayudas, con mención expresa de los compromisos que eran asumidos por sus beneficiarios; si estaban sujetos a fiscalización y a qué extremos; si estaban sujetos a disponibilidad presupuestaria; si las ayudas fueron objeto de justificación por los beneficiarios; y si en las ayudas se ha iniciado algún procedimiento de reintegro, debiendo, en su caso, hacerse una relación de tales procedimientos por cada ayuda concedida".

PLAN ÚNICO DEL GOBIERNO PARA LA FAJA PIRÍTICA

De otro lado, la magistrada ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Andalucía varios documentos sobre el Plan Único del Gobierno Central para paliar la crisis de la Faja Pirítica andaluza --provincias de Huelva y Sevilla--, con el fin de la práctica de pruebas.

En concreto, en la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez María Núñez pide el acuerdo firmado el 27 de febrero de 2002 por el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, y el consejero de Empleo, José Antonio Viera. Además, las comunicaciones de dicho documento "realizadas a todos y cada uno de los departamentos de la Administración del Estado y las comunicaciones recibidas por la Delegación del Gobierno en Andalucía por parte de la Administración del Estado en desarrollo o sobre el anterior documento".

Igualmente, la magistrado solicita copia del Plan Único, con "el expediente completo de elaboración" y las comunicaciones, tanto recibidas como emitidas, sobre el citado plan, entre los distintos organismos de la Administración estatal.

Por último, requiere copia del acta de la reunión de 26 de febrero de 2003 del delegado del Gobierno en Andalucía --el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido-- y con las federaciones sindicales; y copia de las actas de los tres grupos de trabajo creados en la Subdelegación del Gobierno en Huelva en el acuerdo de 27 de febrero de 2002. En concreto, del grupo de trabajo para el Desarrollo de las Actuaciones en materia laboral, del grupo para la elaboración del Plan de diversificación económica y del grupo para la Definición de un Programa de ayudas a la Minería Viable.

Además y en este ámbito, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, en la citada providencia de 11 de enero de 2018, acuerda en el marco de las diligencias previas de esta pieza separada por las ayudas a los exempleados de la Faja Pirítica unir los escritos presentados por la defensa de Carlos Leal, abogado imputado en el caso de los ERE irregulares, para que la magistrada se pronuncie sobre si las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a los extrabajadores afectados por la crisis de la Faja Pirítica de Huelva "tuvieron como marco legal que posibilitó su concesión" la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.