Junta "apurará la negociación" con los sindicatos sobre ajustes hasta el último minuto, confiando en que dará "frutos"

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, que ha manifestado que "es posible" que el decreto del plan de ajuste sea aprobado antes de que acabe el presente mes de junio, ha insistido en que las negociaciones marchan "por buen camino y existe un buen clima de diálogo y entendimiento", de manera que en los próximos días se verán los frutos de estas negociaciones tanto a nivel global como sectorial. "Demos tiempo a la negociación porque creemos que va por el buen camino", ha señalado.

En cuanto a las manifestaciones convocadas por sindicatos de empleados públicos, ha indicado que los funcionarios están en su derecho a expresar su protesta, apuntando que a nadie le gustan los ajustes ni que le toquen la nómina.

Ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz es el principal interesado en conseguir un clima de diálogo y de negociación con los representantes de los trabajadores públicos, entre otras razones, porque el ajuste viene impuesto por las medidas del Gobierno de España, como el incremento de la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales y de las horas lectivas de los docentes.

Vázquez ha manifestado que, aunque a la Junta no le hubiera gustado llevar a cabo los recortes que vienen impuestos por el Ejecutivo nacional, es responsable con el momento que vive España y va a cumplir con su plan de ajuste, que incluye un recorte de 777 millones de euros en el capítulo de personal de los Presupuestos de la comunidad, una cifra que, según ha apuntado, es "inamovible".

Ha insistido en que Andalucía está marcando un camino diferenciado a la hora de aplicar los recortes porque no va a despedirse en esta comunidad a ningún empleado público, al que ahora se le reclama un ejercicio solidario y un esfuerzo ante esta difícil situación con una bajada en sus retribuciones, que es una medida con "carácter temporal y transitorio".

"Preferimos el esfuerzo de todos y salvar el empleo y los servicios públicos fundamentales", según Vázquez, para quien esas son las dos líneas rojas que ha trazado este Gobierno para afrontar una situación que nos viene impuesta y que tenemos que ejecutar porque es una obligación legal.

En este sentido, ha agregado que la Junta va a apurar la negociación hasta el último minuto porque el diálogo está en la seña de identidad de este Gobierno, demostrando que hay otra forma de hacer política a la de la "imposición" por decreto ley.

LOS SINDICATOS SE LEVANTAN DE LA MESA

Tras ser preguntado sobre el hecho de que los sindicatos presentes en la Mesa General de Función Pública de la Junta de Andalucía, esto es, CSIF, CCOO y UGT, se hayan levantado este martes de la reunión extraordinaria convocada para hablar sobre el plan de ajuste, Vázquez ha recalcado que las negociaciones continuarán y se ha mostrado convencido de que se producirán "avances" que a lo mejor no satisfacen del todo al conjunto de los representantes de los trabajadores, pero que sí supondrán un "hecho diferencial" de lo que se hace en Andalucía con respecto a lo que ocurre en otras comunidades autónomas.

Preguntado sobre el hecho de que el vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, no descartara ayer una reunión "al máximo nivel" entre el Gobierno andaluz y los máximos responsables de los sindicatos, en el marco de la negociación establecida sobre el plan de ajuste, Vázquez ha querido dejar claro que los sindicatos están manteniendo ya reuniones al "más alto nivel dentro de la estructura de la Junta", como es el caso de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que es la competente en relación con el asunto de los empleados públicos.

Se ha mostrado convencido de que las negociaciones van "por buen camino" y que hay un buen clima de diálogo, confiando en que tengan resultado. Ha apuntado que, no obstante, siempre quedará la opción que planteaba el vicepresidente, de manera que si hay algún tipo de bloqueo o necesidad de que una instancia superior participara en esas negociaciones, este Gobierno no tendría ningún problema para ello.