Juristas creen que una política penitencia ajustada a la legalidad puede "servir de aliciente para avanzar hacia la paz"

Juristas de distinta condición e ideología se han adherido a la movilización convocada para el próximo 9 de enero en Bilbao y Baiona por Sare y Bagoaz, "que reclama el respeto de los derechos humanos de presos vascos" y han afirmado que la aplicación de una política penitenciaria "ajustada a la legalidad ordinaria puede servir de aliciente para avanzar hacia un escenario de paz, tan ansiado por la sociedad vasca, como así lo ha manifestado en numerosas ocasiones".

Begoña Atxa y Juan Mari Vidarte han leído el manifiesto con el que los juristas se han adherido a la movilización y han expresado "que no pueden compartir ningún tipo de acción violenta, como la quema de autobuses de Bizkaibus, por la propia acción en sí y porque no ayuda al objetivo de defensa de los Derechos Humanos de los presos".

En ese sentido, el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, ha afirmado que la posición de la red ciudadana para la defensa de los derechos de los presos de ETA fue claramente explicita a las pocas horas de cometerse la "actividad violenta" de la quema de ocho autobuses en Derio.

Ha explicado que consideran que "no va con lo que tiene que ser un movimiento social y una red ciudadana que pretende agrupar a número importante de ciudadanos" y ha recordado que denunciaron la acción cometida, porque consideran que acciones de estas características "lo que hacen es tapar y esconder el objetivo mismo de lo que muchos de nosotros estamos persiguiendo, que es que se defienda los Derechos Humanos de las personas que están encarceladas".

Respecto al hecho de que un grupo sin identificar se haya atribuido la acción y haya arremetido contra todos los partidos políticos y, especialmente, contra EH Bildu y Sortu, de quienes afirma que "su crítica insulta la lucha de los presos políticos", Azkarraga ha asegurado que "las críticas que este grupo haya podido hacer a los partidos políticos" no corresponde a Sare entrar en ellas.

"ROTUNDA Y CLARA"

No obstante, ha insistido en que la posición de Sare "ha sido rotunda y muy clara" y ha asegurado que ese no es "el camino" de la red ciudadana para la defensa de los derechos de los presos de ETA y que "rechazan" actuaciones como la quema de autobuses.

El abogado Félix Cañada, que ha firmado el manifiesto de adhesión, ha explicado, por su parte, que "el incidente de la quema de autobuses en Derio hace que se hable de ese acto violento en lugar de hablar de lo que hay que hablar, de qué problemas tiene esta sociedad y que hay que resolver, de que no son tiempos de que se aplique un derecho penal del enemigo y de que se estén vulnerando los derechos fundamentales, son tiempo de que el derecho y las leyes sirvan para construir una sociedad con una convivencia sana".

Por su parte, Juan Mari Vidarte, ha asegurado que el "sentido de venganza" preside en las autoridades españolas, fundamentalmente desde el Ministerio del Interior". En ese sentido, ha indicado que "con otra política mucho más suaves se podrían aligerar muchos problemas".

En línea similar, Azkarraga ha afirmado que existe esperanza en que un "cambio de Gobierno pueda suponer un cambio de actitud" porque es "muy difícilmente entendible que un nuevo gobierno haga las mismas cosas que está haciendo el anterior".

"ACTITUD VENGATIVA"

Según ha dicho, esa "esperanza existe, porque ni tuvo sentido entonces ni tiene sentido que cuatro años después de la decisión de ETA de abandonar definitivamente su actividad violenta, se siga manteniendo una actitud vengativa contra un colectivo de presos vascos y, sobre todo, con una aplicación excepcional de las leyes que ni tuvo sentido entonces y si cabe, menos sentido tiene ahora".

No obstante, ha asegurado que "el cambio tiene que venir fundamentalmente por la concienciación de la sociedad vasca", en el sentido de que, al margen de ideologías políticas partidistas", existe una vulneración de derechos humanos que tiene que agrupar al conjunto de la sociedad vasca para hacer frente a esa actitud vulneradora".

A juicio de los juristas adheridos, en este momento, los derechos humanos de los presos "son sistemáticamente conculcados por los poderes públicos, tanto por el Gobierno como por los propios Tribunales de Justicia y no se ajustan a la legalidad vigente".

Según han detallado, la vulneración se refiere principalmente al derecho al cumplimiento de condena cerca de sus lugares de residencia habitual, y en relación al computo del cumplimiento de penas en Estados diferentes de la UE.

Los juristas reunidos han destacado que desde instancias europeas, "están poniendo, tímidamente, freno a algunas de las medidas que hoy continúan aplicando los Gobiernos de Madrid y París", pero que "una y otra vez, las autoridades políticas y judiciales españolas y francesas, intentan esquivar las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en todo aquello que se refiere a los presos y presas vascos".

Según han indicado, "la política penitenciaria no se ajusta a la legalidad, ni propia ni europea y que "la política de alejamiento y dispersión de las personas presas, a cientos de kilómetros de sus domicilios, es contraria al respeto a los Derechos Humanos, según se recoge en varias resoluciones del TEDH y vulnera el derecho a la intimidad y a la vida familiar que está reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Hunmanos y Libertades Públicas, en la Constitución española de 1978 y en otras normas de inferior rango legal".

Los juristas han mostrado su preocupación tras la sentencia de la Audiencia Nacional negando el acercamiento "tanto por el desconocimiento de la jurisprudencia del TEDH como por la falta de adecuación a la situación social y política actual que requiere otras formas de entender el Derecho".

Asimismo, han querido trasladar a la opinión pública su "inquietud" por la actitud de los tribunales españoles en relación a la decisión Europea sobre el computo de penas cumplidas en otros países, que permitiría a algunas personas encarceladas estar ya en libertad o a punto de alcanzarla.

"JUGAR CON LOS DERECHOS"

Según han dicho, los magistrados de la Audiencia Nacional decidieron 11 contra 9 no consultar al Tribunal de Justicia de la UE si su aplicación restrictiva es conforme al Derecho europeo y han denunciado que "la Audiencia Nacional juega con el derecho a la libertad de personas que ya han cumplido en su totalidad la pena".

Han afirmado, además, que, desde un punto de vista humanitario, se trata de una medida "especialmente dura cuando se trata de personas con una estancia en prisión, superior a los veinte años, y que tienen entre cuarenta y setenta años de edad".

Por ello, han reclamado que se "deje de tratar a estas personas encarceladas de forma excepcional con una aplicación de la legalidad forzada e intencionadamente contraria a sus derechos".