Justicia admite que tramitar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento se ha "complicado" con el adelanto electoral

El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, ha admitido este lunes que la tramitación parlamentaria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha "complicado" tras el anuncio del adelanto de elecciones, pero ha considerado que en ningún caso imposibilita su desarrollo. Además, ha mostrado su "perplejidad" ante el planteamiento de la posible devolución de las competencias de Justicia que, según ha recordado, "no son negociables" porque pertenecen a las Comunidades y "vienen determinadas por los estatutos autonómicos".

"Supone un elemento con el que hay que contar", ha dicho respecto a la reforma, durante su paso por los Cursos de Verano de El Escorial, organizados por la Universidad Complutense, en los que ha intervenido en el seminario titulado, porque "el curso está avanzado" y "se han firmado ya los oficios remisorios a los órganos consultivos".

"El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Consejo de la Abogacía tienen ya la posibilidad de hacer informes" y el Ministerio de Justicia actuará "en función de las contestaciones". "Evidentemente, es un tiempo con el que hay que contar", ha indicado, al tiempo que ha asegurado que los esfuerzos dedicados a dicho proyecto "no serán trabajo en balde". "Lo digo con radicalidad y contundencia", ha matizado.

De esta forma, el secretario de Estado se ha mostrado plenamente confiado de que "no volverá a hablarse de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", ni "se hará ningún estudio que no tenga en cuenta" los trabajos realizados durante la confección del anteproyecto. "Es un trabajo muy sólido, coherente y compacto, de tal modo que cualquier reforma que se haga en el futuro se pueda llevar a cabo", ya se trate del texto actual o de una modificación, "porque, en cualquier caso, será un referente doctrinal para acometer cualquier estudio del ámbito procesal penal", ha asegurado.

LAS COMPETENCIAS "NO SON NEGOCIABLES"

Dicho esto, respecto al planteamiento de la posible devolución al Estado por parte de algunas Comunidades Autónomas de las competencias de Justicia, Campo ha resaltado su "perplejidad" ante estas decisiones puesto que "son competencias que vienen establecidas en los estatutos", y por tanto, "no son negociables". "Lo que se ha negociado son los decretos de transferencias y las cuantías, pero no las competencias, que vienen establecidas estatutariamente", ha apostillado.

Así, ha reivindicado la importancia de que todas las Comunidades Autónomas den un empujón en este sentido y se hagan cargo de unas competencias que les corresponden también "constitucionalmente". Algo que no ha impedido al secretario de Estado admitir que las transferencias "evidentemente" necesitan "tratamientos complejos" y no siempre son fácilmente manejables por los territorios.

No obstante, en este aspecto, ha incidido en que "la aportación de las Comunidades Autónomas al servicio público de justicia, desde luego, no ha hecho más que permitir un mejor acercamiento a la ciudadanía y por tanto una mejora del servicio público", lo que no deja exento al Ministerio y al Gobierno de "realizar esfuerzos de conectividad" para reforzar los compromisos.

En este sentido, Campo ha remarcado que "nunca ha habido problemas, por ejemplo, para la creación de órganos judiciales", pero ha recordado que "cuando no ha habido interés como por ejemplo ha ocurrido este año con Valencia en donde, por mor de las situaciones presupuestarias, no ha habido cumplimiento siquiera de la programación de 2010". "Por tanto, no es un problema de coordinación, es un problema de prioridades políticas", ha argumentado.