Los ocho egipcios liberados por reforma de la Justicia Universal serán trasladados a un CIE para su expulsión

Mientras, se encuentran en dependencias de la Comisaría Provincial de Almería, a la que llegaron en la noche del martes tras salir del centro penitenciario provincial de El Acebuche. El Juzgado de Instrucción 5 decretó su ingreso en prisión después de que el barco fuese interceptado el 6 de marzo en aguas de Cabo de Gata.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han indicado a Europa Press que la Policía Nacional está a la espera de que se comunique oficialmente la orden para realizar el traslado previsto a un CIE.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó el martes un auto en que decretaba el sobreseimiento de la causa contra los ocho ciudadanos egipcios y ordenaba su puesta en libertad al existir falta de jurisdicción de los tribunales españoles como consecuencia de la aplicación de las nuevas condiciones impuestas por la reforma de la Justicia Universal.

"En aplicación de la nueva normativa, los tribunales españoles no pueden instruir ni perseguir estos hechos, que encajarían en un delito de tráfico de sustancias estupefacientes cometido por ciudadanos extranjeros", dice.

Recuerda que si bien la Justicia española prevé una relación de delitos en los que la competencia de España va más allá de los principios de territorialidad, acogiendo el principio de persecución universal, esta competencia "se ha visto recientemente modificada, limitándola y estableciendo una serie de requisitos que suponen una muy importante restricción de la competencia de los tribunales españoles para el conocimiento de hechos cometidos fuera de nuestras fronteras".

Explica que los marineros arrestados no son de nacionalidad española, el barco en el que transportaban la droga no tiene pabellón de nuestro país y tampoco tenían intención de cometer el delito en España dado que fueron detenidos cuando se dirigían a Libia. "De acuerdo con tales criterios en este caso ni es posible considerar que los tribunales españoles tengan jurisdicción para la instrucción y enjuiciamiento de estos hechos", indica.

La reforma establece que la jurisdicción española sólo es competente en delitos de narcotráfico cometidos por españoles o extranjeros cuando los hechos se cometan en su territorio o a bordo de una nave que enarbole su pabellón o cuando el procedimiento lo cometa un español o una organización criminal con miras a su comisión en el territorio nacional.

"La aplicación de la reciente normativa supone, en estricta aplicación del principio de legalidad nacional e internacional, el necesario sobreseimiento de la causa, en aplicación de la Disposición Transitoria Única de dicha ley, al carecer la jurisdicción española de competencia para conocer de los hechos enjuiciados y la consiguiente libertad de los imputados, que se encontraban en situación de prisión preventiva por esta causa", dice.

El pesquero fue interceptado la noche del 6 de marzo a unas 60 millas al sureste de Cabo de Gata. La operación se inició cuando medios aéreos de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Aduana Francesa detectaron un pesquero sospechoso, que no enarbolaba bandera, pero con rotulación en caracteres árabes en su proa, a unas 30 millas náuticas al sur de Almería.

La embarcación resultó sospechosa por lo "inhabitual" de la zona donde se encontraba para un barco de esas características, por lo que se estableció un dispositivo aeronaval, con helicópteros de la Agencia Tributaria. Así, el patrullero de la AEAT 'Alca' de Vigilancia Aduanera, con base en Almería, se dirigió a la zona para interceptar el buque con datos proporcionados por Aduana Francesa. Una vez localizado, abordó al pesquero y se descubrieron en la bodega los 450 fardos de hachís, que en el mercado ilícito habrían alcanzado un valor de 60 millones de euros.

Los detenidos, el buque y la droga pasaron a disposición del juzgado de instrucción número 5 de Almería que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional. Andreu también ha ordenado la destrucción del hachís intervenido.