Justicia trabaja con una propuesta que plantea descargar al juez de unas 50 competencias de jurisdicción voluntaria

Un grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Justicia trabaja en la elaboración de un borrador sobre la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria que, entre otras propuestas, han sugerido que se descargue al juez del ejercicio de cerca de 50 competencias que serían otorgadas a otros profesionales jurídicos, como son los secretarios judiciales, los notarios o los registradores.

Así lo ha indicado uno de los vocales de la Comisión, el catedrático de Derecho Romano en la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Fernández de Buján, en el marco de las XXVI Jornadas Nacionales de la Fe Pública Judicial celebradas en Pontevedra.

El catedrático ha traslado su propuesta dirigida a agilizar la Justicia, si bien ha defendido que, en todo caso, la "órbita judicial" siempre deberá estudiar los asuntos que afecten a menores de edad, personas con discapacidad, desvalidos o ausentes, así como aquellas medidas que repercutan en el interés general o en la restricción de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos.

En cualquier caso, Fernández de Buján ha hecho hincapié en que "lo fundamental es que el ciudadano pueda acudir al órgano judicial, a un notario o a un registrador", es decir, que exista un sistema basado en la "alternatividad". A su juicio, el ciudadano debería tener la posibilidad de escoger un profesional u otro por razones de celeridad, especialidad o proximidad, entre otras.

"Hay que procurar que no haya enfrentamiento entre operadores jurídicos. Hasta ahora no lo ha habido", ha destacado Fernández de Buján, para remarcar que el borrador de la Ley de Jurisdicción Voluntaria será presentado al Congreso de los Diputados antes de que finalice el año.

NO A LOS "MONOPIOS"

En este sentido, el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ), Rafael Lara, ha defendido la conveniencia de aunar en un mismo texto la regulación sobre jurisdicción voluntaria, actualmente dispersa en varias normas. "Hay una crisis galopante y la Administración de Justicia no tiene recursos suficientes para absorber toda la carga de trabajo", ha añadido.

Por ello, Lara se ha mostrado partidario de "distribuir de manera alternativa las competencias" entre los distintos profesionales jurídicos para ganar en "competitividad". "Todos estamos capacitados. No queremos monopolios", ha dicho.

Entre las materias que regula la jurisdicción voluntaria, se encuentran algunas referentes al tráfico mercantil, a la convocatoria de juntas en sociedades, a los expedientes de dominio, o al deslinde de fincas, según ha explicado.

CAMBIO DE NOMBRE PARA LOS SECRETARIOS JUDICIALES

En la mesa redonda, titulada 'El secretario judicial, órgano principal en la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria', también ha participado el expresidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales Jesús Seoane, que ha reclamado que este colectivo comparta con otros operadores jurídicos, como los notarios, el ejercicio de algunos actos, como son los matrimonios y los divorcios de mutuo acuerdo.

"El ciudadano no puede estar privado del servicio público de la Justicia", ha recalcado Seoane, para defender que el usuario debe tener derecho a elegir si desea acudir a un notario o a un juzgado para la resolución de su conflicto.

"No se le puede obligar a acudir al notario, no se puede hacer que determinados expedientes los tramite exclusivamente un notario o procurador porque va en contra de los derechos de los ciudadanos", ha indicado, para poner como ejemplo el sector sanitario, en el que el ciudadano tiene la posibilidad de acudir a un médico privado o de la Administración pública.

Finalmente, Seoane ha advertido de que la lentitud de la Justicia española es "un mal endémico" contra el que se ha tratado de luchar en las sucesivas modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ha apostado por sustituir la actual denominación de los secretarios judiciales por la de "letrados de Justicia".