Justicia dará a los gestores procesales carácter de agente de la autoridad en desahucios y embargos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, otorgará a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal el carácter de agentes de la autoridad al efectuar lanzamientos o embargos. Además, reconocerá por ley al personal que se encargue de asistir a las víctimas en los tribunales y de dar apoyo a las actuaciones de justicia restaurativa y mediación.

Catalá ha presidido este martes la reunión de su primera mesa sindical en la que ha mostrado su voluntad de cumplir el preacuerdo alcanzado en julio con algunas organizaciones sobre las condiciones laborales de los funcionarios que, entre otras cosas, pedían reconocer esta condición a los gestores procesales.

Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial podían antes practicar los lanzamientos con el carácter de agentes de la autoridad, pero el anterior ministro Alberto Ruiz-Gallardón reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil para contemplar que los gestores pudieran hacerlo por sí solos sin reconocerles esta condición.

Los sindicatos han advertido de esta omisión y han reclamado su protección para resolver así un problema que se asemeja al que sufrían, por ejemplo, los controladores de la OLA. Estos no tenían la consideración de agentes de la autoridad y algunos conductores pedían que ratificara su decisión un policía local.

SINDICATOS "PELEARÁN" CONTRA EL NUEVO REGISTRO CIVIL

Las centrales sindicales han amenazado también con recurrir a cualquier medida de protesta si el Registro Civil no se mantiene en el ámbito público, recordando que se trata de un servicio satisfactorio entre los ciudadanos y añadiendo que los registradores mercantiles no son empleados públicos al pesar más su condición privada según ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"Todos los sindicatos nos hemos opuesto, no descartamos ninguna movilización ni huelga", ha advertido el representante del sector Justicia de CSIF Javier Jordán, que ha aludido a la "plena sintonía" de los sindicatos en esta materia.

Desde CCOO, el portavoz del área de Justicia Ramón Alvare ha asegurado que los sindicatos "pelearán" contra la "privatización" del Registro Civil al indicar que no salen las cuentas sobre su financiación y añadir que el ministro no precisa si la gratuidad afectará a todos los trámites o solo a actos obligatorios como la inscripción de nacimientos o defunciones. "Seguiremos peleando para que se mantenga en el ámbito público y siga siendo gratuito, no descartamos nada", ha agregado.

Los sindicatos han agradecido el talante conciliador y el reconocimiento del ministro, si bien han exigido que sus gestos "se traduzcan en hechos" como la convocatoria de una oferta de empleo público y mejoras retributivas, que incluyan la devolución de toda la paga extra suprimida en diciembre de 2012, a tenor de las bajadas y congelaciones salariales que han sufrido desde 2010.

Para CSIF, si el Gobierno habla de un cambio de ciclo económico y Justicia quiere consagrarse con los sindicatos debe incluir esta mejoras vía enmienda en los presupuestos generales del Estado para 2015 que se tramitan en el Congreso de los Diputados.

"Queremos que se marque un calendario para recuperar los derechos perdidos y los presupuestos son además el mejor momento para demostrar que el movimiento se demuestra andando", ha afirmado el sindicato mayoritario en Justicia.

El ministro de Justicia ha anunciado la creación de cuatro grupos de trabajo de cara a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Uno girará en torno a su articulado, otro sobre el empleo público, un tercero alrededor del Registro Civil y un último sobre la oficina judicial.

Catalá ha asegurado que el cambio en el Registro Civil "no destruye empleo" en el 'territorio Ministerio', ha renovado su apuesta por la implantación de la Oficina Judicial y ha garantizado el mantenimiento de los juzgados de paz, que podrán prestar servicios relacionados con el Registro Civil según han pedido los sindicatos.