El Gobierno califica el 9N de "propaganda política" carente de " validez democrática"

En una comparecencia pasadas las 21.00 horas, Catalá ha advertido de que la Fiscalía General del Estado está recabando datos tras las denunciadas presentadas en los juzgados de Cataluña con la intención de "valorar la existencia de responsabilidades penales y ejercer en los próximos días las acciones legales que correspondan".

"Es un acto de propaganda organizado por fuerzas partidarias de la independencia y carente de cualquier validez democrática. Se ha instado a los ciudadanos a participar en un simulacro inútil y estéril, en el que Artur Mas quiere ocultar su fracaso personal al no poder convocar su consulta ilegal que anunció el pasado 12 de diciembre", ha asegurado el ministro.

Catalá ha recordado que España es "un régimen democrático consolidado en el que existe libertad de expresión y libertad de manifestación", y en el que las consultas populares se rigen por "estrictas normas" que han de garantizar la imparcialidad y la neutralidad. "Ninguno de estos requisitos se han dado durante la jornada de hoy", ha lamentado.

SIN GARANTIZAR LA IGUALDAD ENTRE CATALANES

El proceso se ha llevado a cabo, según el ministro, al margen de cualquier marco jurídico al no tener amparo ni en las leyes catalanas ni en decreto de convocatoria alguno. "Sus promotores han renunciado a cualquier apariencia de neutralidad convertidos en juez y parte del proceso, y ni siquiera se ha garantizado la igualdad de todos los catalanes ante el simulacro de consulta", ha denunciado.

Catalá ha lamentado que este "acto de pura propaganda" solo haya servido para "exacerbar la división entre los catalanes", además de "tensar las relaciones políticas dentro y fuera de Cataluña".

Asimismo, advirtió que la Fiscalía sigue recabando datos y valora si se han producido responsabilidades penales y ejercer en los próximos días las acciones legales que corresponden.

En un comunicado, la Fiscalía asegura que la información recabada se incluye en el ámbito de las diligencias de investigación incoadas con fecha de 8 de noviembre y tras las diferentes denuncias presentadas contra la votación que se celebra en Cataluña.

El Juzgado de Guardia de Barcelona ha rechazado este domingo tomar las medidas cautelares contra el proceso participativo del 9N que este mismo domingo había pedido UPyD, porque "no guardan proporcionalidad y no aparecen este momento razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejen su adopción".

UPyD denunciaba al presidente de la Generalitat y a los consellers de Enseñanza y de Interior, y pedía cerrar los edificios públicos donde se vota este domingo, incautar todo el material utilizado y detener a los responsables de presuntos delitos vinculados al proceso de participación, en referencia a los voluntarios que se negasen a ser identificados si se les pidiera.