Juzgan este jueves al alcalde de Tolox (Málaga) y otros acusados de varios delitos urbanísticos

En las conclusiones provisionales presentadas en su momento por la Fiscalía de Málaga, a las que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público relata siete hechos investigados relacionados con la concesión de dichos permisos y se acusa al regidor de siete delitos de prevaricación urbanística y cuatro delitos contra la ordenación del territorio.

Además, fueron acusadas otras 15 personas, sobre todo los particulares que solicitaron las licencias, la mayoría de ellos extranjeros, a los que el ministerio público acusa de un delito contra la ordenación del territorio; aunque también está acusado otro concejal, teniente de alcalde, y otras dos personas. Las actuaciones urbanísticas se realizaron en el periodo 2003-2004.

En el primero de los casos, según el fiscal, el alcalde autorizó al día siguiente de solicitarlo una de las acusadas, administradora de una inmobiliaria, la licencia para la reforma de una vivienda "inexistente" en suelo no urbanizable. El proyecto técnico y la ejecución de la construcción se encargó por dicha acusada a una arquitecta técnica, también procesada.

La acusación pública sostiene que el regidor dictó la resolución a favor de la solicitante, que era su amiga, "a sabiendas de su injusticia" y con informe desfavorable de la secretaria del Ayuntamiento. La responsable de la inmobiliaria vendió la finca a un matrimonio extranjero, realizándose, presuntamente, una construcción de una vivienda unifamiliar con piscina.

La denuncia por la edificación fue trasladada al Ayuntamiento "sin que el alcalde ordenara inspección alguna ni abriera expediente sancionador de restablecimiento de la legalidad urbanística", sino que, al contrario, "admitió una nueva solicitud de licencia para un almacén de aperos, según se pone de manifiesto en dicha calificación provisional.

En otros hechos relatados en el escrito inicial del fiscal, supuestamente el regidor otorgó escritura de segregación y venta de partes de una finca de su propiedad a extranjeros, encargándose la construcción y la obtención de los permisos a la administradora de la inmobiliaria, quien a su vez contrató la parte técnica a la mencionada arquitecta.

La Fiscalía señala que el alcalde dio en algún caso licencia para reforma de casas "inexistentes" y en otros para un almacén o alberca, construyéndose, además, una vivienda unifamiliar; "sin que en ningún momento denunciara o iniciara expediente administrativo". En un caso, es Vera el que pide y obtiene el permiso, concedido por el teniente de alcalde que está acusado.

El ministerio público solicita para el regidor un año de prisión y 10 de inhabilitación por cada delito de prevaricación urbanística y nueve meses o un año de cárcel, según los casos, además de multa, por los delitos contra la ordenación del territorio, aunque se señala que sería de aplicación el artículo 76 del Código Penal, que alude al cumplimiento del triple de la pena máxima.