Juzgan a 10 ecologistas que se descolgaron de la torre de Iberdrola en Pasaia

La Fiscalía de Guipúzcoa solicita nueve meses de cárcel para cada uno de los diez ecologistas por esta acción que tuvo lugar el 27 de marzo de 2007.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, los hechos se iniciaron sobre las 6:45 horas, cuando los acusados accedieron al recinto de la central sin la correspondiente autorización de la empresa eléctrica, "aprovechando que una puerta trasera estaba abierta para la entrada de vehículos y del personal" que en ese momento debía iniciar su jornada laboral.

Una vez en el interior, los ecologistas se encaramaron a la citada torreta industrial, de varias decenas de metros de altura, y se descolgaron provistos de cuerdas y arneses.

Los activistas realizaron una pintada de grandes dimensiones con el lema "STOP CO2", cuyo borrado causó a Iberdrola unos gastos de 5.220 euros.

Además, desplegaron varias pancartas con la palabra "Greenpeace", instalaron una especie de "campamento base" en el exterior de la chimenea con unos toldos de plástico y se encadenaron a una de las barandillas de la torreta, con el objetivo de "impedir el paso a los agentes de la Ertzaintza".

Posteriormente, en la parte baja de la chimenea colocaron otro cartel, en el que se leía "Pasaia, cierre/Pasaia itxi orain", firmada por la citada organización ecologista.

Sobre las 15:40 horas, varios agentes de la Policía Autonómica Vasca accedieron a las instalaciones con la intención de desalojarlos, pero los acusados hicieron caso omiso a las indicaciones de los ertzainas.

Posteriormente, sobre las 20:10 horas, cinco de los procesados depusieron su actitud y descendieron de la torreta, aunque sus cinco compañeros se mantuvieron en la chimenea hasta las 11:50 horas del 29 de marzo, tras permanecer 52 horas encaramados en esta infraestructura.

Según explicó Greenpeace en su momento, los ecologistas pusieron fin a su protesta, que tuvo gran eco mediático, coincidiendo con el inicio de la Junta General de Accionistas de Iberdrola en Bilbao, con el fin de "simbolizar" que a partir de ese momento quedaba "en manos de los accionistas la tarea de exigir el cumplimiento del compromiso público de la compañía contra el cambio climático".

La Fiscalía de Guipúzcoa considera ahora que estos hechos son constitutivos de un delito de usurpación de bien inmueble, una falta de deslucimiento de bien inmueble, un delito de coacciones y otro de desobediencia grave a agentes de la autoridad, por los que pide nueve meses de cárcel, nueve días de trabajos en beneficio de la comunidad y multas que suman 18.000 euros para cada uno de los procesados.

Greenpeace ha explicado en una nota que la acusación particular que ejerce Iberdrola solicita las mismas penas que el Ministerio Público.