Lamela confirma la investigación contra el Govern y mantiene la fianza de 6,2 millones destinados al referéndum

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha confirmado este martes la admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y sus 13 consejeros por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por los hechos relacionados con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), según explica en un auto en el que mantiene la fianza de 6,2 millones de euros impuesta a los investigados.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha desestimado los recursos de reforma interpuestos por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros de ERC Carles Mundó, Dolors Bassa, además de Raül Romeva, todos ellos en prisión incondicional desde el pasado 2 de noviembre. Les recuerda que los investigados eran "participantes" que efectuaron "su aportación al plan secesionista que habría de llevar a cabo la declaración unilateral de independencia".

En relación con la cuantía de la fianza, la juez insiste que aunque "la Intervención General de Cataluña haya certificado que sólo una pequeña cantidad de esa partida presupuestaria haya sido utilizada, no implica que no se haya sufragado el referéndum --del pasado 1 de octubre-- con dinero público no destinado a estos fines". De hecho, recuerda la querella del Ministerio Público en la que se apuntaba a la exconsejera de Gobernación Meritxell Borrás adoptó las medidas necesarias para obtener los medios con los que poder celebrar la consulta.

Los recursos de los exconsejeros alegaban que sufren "una situación de indefensión evidente" y hacían hincapié en que "ni existe delito de rebelión, ni de sedición, ni malversación de caudales públicos, ni prevaricación ni desobediencia". Además, impugnaba la querella del Ministerio Fiscal en base a tres argumentos: la supuesta inexistencia de competencias de la Audiencia Nacional para instruir este caso; la supuesta irregular tramitación del procedimiento y la fianza de responsabilidad civil, que cree improcedente.

INVESTIGACIÓN CONJUNTA

En su auto, la magistrada instructora explica que el hecho de que se esté ante una organización que trabajó para sacar adelante el denominado 'procés', "hace necesario la investigación y enjuiciamiento conjunto, valorando los actos ejecutados por cada uno de ellos y la calificación jurídica que puedan merecer".

Recuerda que los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista "perfectamente organizado y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas" como la Asamblea Nacional Catala (ANC) y Òmnium Cultural, cuyos líderes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, se encuentran en prisión incondicional investigados por un delito de sedición.

Los exconsejeros resaltan en sus escritos de oposición a la admisión de la querella que la Audiencia Nacional no es competente para los delitos que se le imputan, escudándose en un auto de diciembre de 2008 de este órgano judicial que determinaba su incompetencia.

Sobre la responsabilidad civil impuesta --6,2 millones de euros para todo el Govern cesado, incluyendo al expresidente Carles Puigdemont--, el abogado de los exconsejeros lamentó que se haya pedido incluso antes de haber citado a los investigados y sin estar presente el letrado. Insistió en que la jueza "no explicita ningún argumento basado en razones para determinar la procedencia del aseguramiento de responsabilidad civil", una forma indirecta de sustentar la concurrencia de un supuesto delito de malversación.