La Ley de Transparencia llega al Consejo de Estado, que emitirá un dictamen antes de un mes

El texto de esta norma no ha sido calificado como urgente por parte del Ejecutivo, pero el órgano que preside José Manuel Romay Beccaria es consciente de la celeridad que requiere esta ley y no demorará la elaboración de su dictamen, han indicado las mismas fuentes.

Hace un mes, Sáenz de Santamaría admitió que se trata de una norma "compleja" pero añadió que el objetivo del Gobierno es que esté aprobada en el próximo periodo de sesiones. Además, precisó que la parte de la ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada en vigor será en torno de un año, con el fin de que los ministerios y organismos puedan adaptar sus sistemas informáticos y sus páginas web.

España es uno de los pocos países europeos sin Ley de Transparencia. Con esta norma se pretende aumentar la transparencia de las administraciones, garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y reforzar la responsabilidad de los gestores públicos en el ejercicio de sus funciones y en el manejo del dinero público.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda tendrá el poder de sancionar a los altos cargos de "cualquier administración pública", Estado, CC.AA. o ayuntamiento, que vulneren la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Entre las sanciones figura la "destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos".

SE SOMETIÓ A UN PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA

La Ley de Transparencia se sometió durante 15 días a un proceso de consulta pública, que recibió alrededor de 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones. Algunas de ellas se han incorporado al texto, como que se someta a la futura norma a los colegidos profesionales como corporaciones de derecho público. También se incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que llevan a cabo la gestión de responsabilidades administrativas.

Sin embargo, Sáenz de Santamaría reconoció que, pese a las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda fuera del margen de aplicación de la Ley de Transparencia por no ser una administración pública. El Gobierno argumenta que la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".

Entre las novedades de la Ley figura un impulso de la adopción de mecanismos que garanticen la accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada; se amplía la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que tendrá que incluirse lo relativo a los contratos; y se establece la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.