Llamazares: El crédito es "una intervención en toda regla" que redundará en "recortes de todo tipo"

El parlamentario, que este domingo ha visitado a los mineros acampados frente a la Delegación del Gobierno en Oviedo, ha tildado además de "indecente" que se den 100.000 millones de euros a la banca a la par que se niega la "migaja" de 70 millones para que sobreviva la minería.

Por ello, le ha pedido al titular de Industria, José Manuel Soria, que deje la "demagogia y las declaraciones retóricas", se siente a negociar con el sector y ponga encima de la mesa "una cantidad que sea creíble para mantener la actividad y el empleo". "Hoy por hoy la política del PP es dar dinero a espuertas a los bancos a cambio de nada y negar el empleo imprescindible a trabajadores y mineros", ha reprochado.

El dirigente de IU ha opinado que hablar de la necesidad de sacar dinero en un sitio para meterlo en otro es un "subterfugio" del Gobierno, a quien ha solicitado además que no siga utilizando argumentos como que algunos empresarios de la minería son "unos cacos". "Si alguien tiene sospechas o evidencia de irregularidades y delitos que los denuncie a la Fiscalía", ha zanjado.

En lo que respecta al rescate, ha señalado que los fondos que recibirá España constituyen ayuda para capital y no mejorarán los créditos a familias y empresas.

"UNA GRAN MENTIRA"

De esta forma, el rescate constituye a su juicio "una afrenta a la soberanía del país hecha por videoconferencia y una burla a la representación democrática de los ciudadanos y a los compromisos electorales, además de una gran mentira".

"No hay tal crédito blando a cambio de nada, sino un crédito en condiciones duras que va a repercutir en el déficit y en la deuda del país y, en consecuencia, en recortes de todo tipo, también en materia empresarial y laboral", ha zanjado, antes de instar al Gobierno a que deje de "mentir" y de "minusvalorar" la inteligencia de los ciudadanos. "Todos sabemos que no se dan duros a cuatro pesetas o euros a cuarenta céntimos", ha ejemplificado.

Por último, ha considerado que el Gobierno no está legitimado para llevar a cabo "una intervención que cuestiona la soberanía" sin pulsar previamente la opinión del Parlamento y de los ciudadanos mediante un referéndum.